La Fiscalía de Menores detectó el pasado año entre 250 y 300 casos de absentismo escolar en Balears, el 80 por ciento de los cuales derivaron en la interposición de una demanda civil contra los padres.
La mayoría de estas demandas se resolvió con la escolarización de los menores, aunque un 5 por ciento acabaron tramitándose por la vía penal tras ser denunciados los progenitores por continuar sin llevar a sus hijos a clase.
El fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), José Díaz Cappa, explicó que cuando el Ministerio público recibe una comunicación sobre un caso de ausencia escolar, normalmente se interpone una demanda civil, se mantienen entrevistas con los padres para erradicar esa conducta y se solicita la escolarización. En caso de incumplir esta medida, la Fiscalía denuncia a los padres y procede a incoar un proceso penal por no cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tal y como recoge el artículo 226 del Código Penal, que determina una pena de tres a seis meses de prisión o una multa de seis a doce meses para quien contravenga este precepto.
Tal y como señaló Díaz Cappa, los casos de absentismo, que este año se están produciendo proporcionalmente de forma similar en cuanto a cifra que en 2008, son puestos en conocimiento de la Fiscalía a través de los servicios sociales, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), los consells insulars, los colegios, la Policía Local y también por allegados.
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