Imagen de uno de los múltiples desperfectos sufridos en la actual comisaría por su deficiente conservación. Foto: IRENE G. RUIZ

El proyecto de construcción de una nueva comisaría de la Policía Nacional en Vila está a punto de finalizar el calvario administrativo al que se ha visto abocado desde 2006 al plantearse una edificación de 13 metros de altura, ilegal para el todavía vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila, pero que entraba dentro de la revisión prevista de esta norma y que el Consistorio de Eivissa tenía previsto aprobar en pocos meses.

La Comisión de Urbanismo y Patrimonio del Consell (conocida como Ciotupha) informó ayer favorablemente a la petición del Ministerio de Vivienda de que se autorice la nueva edificación. Tras el visto bueno del Consell, ahora se remitirá el proyecto al Consejo de Ministros el cual lo autorizará siguiendo el procedimiento extraordinario previsto «por razones de urgencia o excepcional interés público» y que hace innecesaria la adecuación al planteamiento urbanístico de Vila.

Así lo informó ayer el conseller insular de Territori, Miquel Ramon, quién explicó que esta medida excepcional permite actuar al Gobierno «y que después sea la ciudad la que incorpore a su ordenamiento urbanístico la infraestructura autorizada», si bien, destacó que en este caso «existe unanimidad sobre la necesidad de la nueva comisaría» y añadió que, en todo caso, el nuevo edificio «ya se adapta a lo que establece el nuevo PGOU y que está ya en tramitación en el Consell».

El informe de la Ciotupha acepta la propuesta íntegra para la realización de la nueva comisaría (las viviendas previstas en parte de la actual parcela policial no entran dentro de la petición hecha por el Ministerio) y únicamente recuerda que el proyecto debe adaptarse a la normativa de habitabilidad y a la ordenanza municipal sobre captación solar para usos térmicos, además de recomendar que se adecuen la fachada y los materiales «para adecuarse a los edificios ya existentes en la zona».

Último recurso

La director insular de la Administración del Estado, Sofía Hernanz, resaltó que se ha recurrido a esta vía excepcional de autorización de las obras «ante la situación de bloqueo que estaba sufriendo el proyecto y ante el consenso de todas las instituciones implicadas, así como por la necesidad y urgencia de las obras para que Eivissa cuente con una comisaría en condiciones».

Hernanz apuntó que el recurso a la aprobación por el Consejo de Ministros «se lleva perfilando y trabajando en ella desde hace meses» y destacó que «no se ha planteado con anterioridad porque se querían agotar todas las posibilidades de sacar adelante la obra por los procedimientos normales».

La representante de la Administración central en las Pitiüses estimó que la aprobación por el Consejo de Ministros se producirá previsiblemente en julio, «porque al de esta semana no creo que se llegue», y que tras este trámite se podrá iniciar la tramitación administrativa del contrato de las obras.

«Respecto al inicio de los trabajos, son tantas las fechas que se han dicho y no se han cumplido, que no quiero hacer una predicción, pero confío en que sea dentro de este año», añadió Hernanz, quién destacó la «plena colaboración de Consell y Ayuntamiento de Eivissa» durante todo el proceso.