Fiscalía pide la imputación de un técnico de Sant Antoni por autorizar una casa ilegal

Desde el ministerio fiscal también piden la declaración como imputado del promotor de la obra. Se trata de averiguar si pueden ser culpables de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Desde Fiscalía recuerdan que para construir una nueva vivienda en ARIP o ampliar una existente variando su configuración y funcionalidad se necesitan 25.000 m2 de terreno. Sin embargo, en este caso sólo hay 9.435 metros cuadrados. El proyecto supone ampliar la planta baja con 127 m2, construcción de una planta sótano de 152 y una piscina de 55. Todo ello a partir de una vivienda de 52 m2.

Inicio de las obras

Pese a que el Consell no ha concedido el permiso, el promotor de la vivienda ha iniciado la construcción sin previa licencia. Así se refleja, según Fiscalía, en el informe del celador del Consell. Desde el ministerio público especifican que estos hechos pueden constituir un delito contra la ordenación del territorio del que podría ser responsable no sólo el promotor, sino también el arquitecto director de la obra y el constructor.

El fiscal también recuerda que un técnico municipal de Sant Antoni informó favorablemente la concesión de la licencia, por lo que podría ser autor de un delito de prevaricación urbanística. Es por ello que Fiscalía quiere que se tome declaración como imputados al técnico municipal y al promotor.

El ministerio público solicita más información y diligencias al juzgado y pide que se requiera a la arquitecta del Consell para que emita un informe sobre estas obras que no han obtenido licencia.

En este caso se sostiene que la vivienda ha cambiado su configuración, distribución y funcionalidad, por lo que no se puede considerar ampliación, sino nueva edificación.