P. Candia19/06/09 0:00
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El diputado del PP Josep Juan Cardona presentó ayer ante la jueza instructora del 'caso Scala', Piedad Marín, un escrito en el que reivindica su condición de aforado para comunicarle que no responderá a sus preguntas mañana, miércoles, en una vista a la que está citado junto a otros imputados en la causa.

Cardona aduce en el escrito presentado por su abogado, Josep Zaforteza, que el único órgano competente para interrogarle en estos momentos, tras dos comparecencias ante la misma jueza, es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). «El señor Cardona considera que la juez ha perdido las competencias sobre él, dada su condición de aforado, y aunque comparezca ante ella, no responderá a ninguna pregunta», señalaron a este diario fuentes de su defensa.

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma debe pronunciarse sobre el escrito de Cardona, el primero en ese contexto que presenta un aforado imputado en una causa investigada por un juez unipersonal. La defensa del ex conseller de Comerç, Indústria i Energía en el Govern de Jaume Matas considera de que ya existen elementos suficientes, tras más de un año de instrucción, para que la causa que investiga la comisión de varios supuestos delitos en el Consorci para el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) pase a ser competencia del TSJB.

Escrito

Antònia Ordinas, ex gerente del CDEIB, sostiene las principales incriminaciones contra Cardona, según se desprende del escrito redactado por la Fiscalía Anticorrupción por el que se solicita el traslado del 'caso Scala' al TSJB dada su condición de aforado. El escrito es contundente: «La sustracción de fondos del erario público por parte de los querellados (Cardona, Antònia Ordinas, Kurt Viaene e Isabel Rosselló) se desarrolló utilizando distintas operativas», señalan los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach.

Las pesquisas de la Fiscalía sobre la totalidad de los expedientes tramitados en el CDEIB -130 durante la pasada legislatura- le llevan a la conclusión de que «son una pieza fundamental del engranaje ideado por los querellados (Ordinas, Viaene y Cardona) para lucrarse». A tenor de las declaraciones de varios testimonios, las comisiones que -casi siempre según la versión dada por Ordinas- se repartía con Kurt Viaene ascendía al 40% de una facturación global de casi 6 millones de euros.