El Ayuntamiento de Eivissa aprobó ayer la revisión de su planeamiento urbanístico con el voto en contra de la oposición y en medio de un reguero de críticas por parte de portavoz del grupo popular, Virtudes Marí.
El equipo de gobierno dio el visto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que comienza así su tramitación en el Consell para su aprobación definitiva. Un planeamiento que, según el concejal de Urbanismo, Vicent Torres, si bien «no podía impedir el desarrollo» urbanístico previsto en el anterior plan, el de 1987, «está destinado a mejorar las unidades de actuación» que quedan por desarrollar.
Para Virtudes Marí, al plan general le faltan aspectos claves como es el «informe de Medio Ambiente» ya que, según explicó, el PGOU se debe adecuar a la nueva ley de 2006 que indica que todos los ayuntamientos que aprueben su planeamiento después de 2008 deben tener un estudio de impacto ambiental. «Pero sois ecologistas de boquillla y después pedís a Medio Ambiente que os exonere. Estamos provocando un riesgo que no queremos», expresó Marí subiendo el tono de sus críticas, y remarcó también la falta de un estudio económico y financiero tras las incorporación de la unidad de actuación Alt i Retir, que contempla la expropiación de las 44 viviendas de Sa Penya, y para lo que en el PGOU se prevén «cero euros». Sobre este tema, la portavoz pidió también que a la hora de expropiar el Ayuntamiento «sea sensible con los propietarios que quieran colaborar».
Por otra parte, Marí aseguró que el plan aprobado «no expone ningún modelo de ciudad» y sólo propone «parches». «El desarrollo de estos años y los ingresos que ha supuesto al ayuntamiento es el mayor de toda la historia del municipio», destacó la portavoz, quién criticó además algunos de los últimos cambios incorporados durante el período de exposición pública como la creación de la nueva unidad de actuación de suelo industrial Cas Ferró (detrás de Gesa). «Esta unidad de actuación nos devuelve a los años 60 y 70, cuando se mezclaban polígonos industriales con residencias», aseguró, debido a que las viviendas ubicadas allí que antes estaban fuera de ordenación ahora se destinarán a viviendas de protección oficial (VPO).
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Vicent Torres, lamentó que «la oposición no esté a la altura y sólo se dedique a hacer críticas destructivas» y destacó que el nuevo planeamiento ha seguido los pasos que le indicó la comisión de Medi Ambient. Asimimismo, indicó que el departamento de intervención no ha pedido un nuevo estudio económico debido a que la expropiación en sa Penya se prevé pagar tanto «con aportaciones del Govern balear como con el patrimonio municipal del suelo».
Al mismo tiempo, Torres recordó a Marí que durante el gobierno popular en Vila intentaron hacer esta revisión dos veces y que no pudieron hacerla «no se sabe si por incapacidad o por clientelismo político».
Por otra parte, sí se aprobó por unanimidad la nueva ordenanza de conviviencia del municipio, que finalmente rechazó todas las alegaciones presentadas porque, según el concejal Vicent Ferrer, por una lado, así lo dispuso el departamento jurídico y, por el otro, algunas de las propuestas ya estaban incluidas.
Cabe recordar que, entre otras medidas, la ordenanza contempla sanciones tanto para las personas que ofrezcan en la calle servicios de prostitución como para aquellas que lo soliciten, y regula el comercio ambulante y los espectáculos callejeros, entre otros aspectos.
Los vecinos de ses Figueretes presentaron ayer unas 417 firmas contra las obras de ajardinamiento que se realizaron los últimos días en el barrio, según el portavoz de los vecinos, José Luis Cardona, «sin informar con anterioridad a los residentes». La alcaldesa, Lurdes Costa, explicó que las obras ya fueron paralizadas por la disconformidad general de los vecinos en la zona, y explicó que se han trasladado a otro barrio.
Si fue largo y tendido el debate por el PGOU aún lo fue más el debate que le precedió en las anteriores aprobaciones que tampoco contaron con el apoyo popular. Esta vez la 'casi' discusión la tuvieron el concejal popular Jaime Díaz de Entresotos y el teniente de alcalde Santiago Pizarro por la aprobación del crédito a largo plazo de 6,2 millones de euros destinada a funanciar los derechos de uso de la Torre II del Cetis para trasladar allí los servicios municipales. En este punto, Díaz de Entresotos calificó la operación de «torpe» porque, según el edil, se podría haber hecho «un contrato de alquiler con derecho a compra». Asimismo, calificó la operación de «dudosa legalidad», y acusó a Pizarro de «prevaricación» por haber negociado el préstamo que permitirá «la operación por encima del valor de mercado». Por su parte, Pizarro aseguró que la acusación «es una falta de respeto impresentable» y destacó que estudió todas las «alternativas y posibilidades», como puede ser el arrendamiento de las oficinas y destacó que salían más caras. Al final del pleno, visiblemente afectado por la acusación de Díaz de Entresotos, el teniente de alcalde quiso mostrar a la prensa los documentos que demuestran que todas las operaciones realizadas fueron aprobadas en conjunto tanto por el departamento de Intervención como por la comisión de Hacienda.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.