Los populares, que comparecieron ayer en rueda de prensa, no saben si el ex alcalde denunciará a EU. Foto: IRENE G. RUIZ

El presidente del PP de Eivissa, Miquel Jerez, y el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, pidieron ayer al conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, que dimita de su cargo por ser el «principal promotor» de la acusación «calumniosa», «difamatoria» e «infundada» del caso ses Torres. Los populares recuerdan que la sentencia absolutoria, con la que se deja libre de cargos al ex alcalde de Santa Eulària Vicent Guasch y el ex teniente de alcalde Vicent Riera ha puesto «a cada uno en su sitio» y ha demostrado que el Ayuntamiento obró «conforme a la ley».

Los populares creen que Esquerra Unida, que ejerció de acusación popular en este caso, ha mostrado una actitud «absolutamente despreciable», ha actuado con «absoluta temeridad y mala fe» y de forma «inconsciente e imprudente poniendo muchas cosas en riesgo». Jerez se refería de este modo al hecho de que la sentencia condena a EU a pagar las costas por «temeridad y mala fe» por haber acusado a una ex arquitecta municipal y al promotor urbanístico.

El presidente del PP indicó que el principal responsable del «ensañamiento» y de esta actitud «despreciable» es Miquel Ramon, destacado miembro de EU y actual conseller de urbanismo. «Ramon ha hecho un mal uso, un abuso de la materia urbanística», criticó Jerez, que señaló que no van a permitir que se use el urbanismo para llevar a cabo «persecución política». De hecho, Marí recordó que la honorabilidad de Guasch y Riera ha sido cuestionada durante una década, lo que supuso para ellos un «tormento personal».

Por eso, los populares creen que la única forma en la que se puede restituir la dignidad de ambos políticos populares es con la dimisión de Ramon, al que acusaron de haber actuado con «crueldad». «El PP no puede permitir bajo ningún concepto tener a una persona que ha actuado de mala fe dirigiendo el urbanismo de Eivissa», añadió el presidente popular, que indicó que si esto no ocurre solicitarán a Xico Tarrés que lo cese.

Vicent Marí cree que el caso ses Torres se orquestó para hundir al PP de este municipio. Por eso pidió a Ramon que se vaya, por ser «un personaje con mala fe y temeridad que hace un flaco favor a la política». Además, mostró su temor de que si Ramon continúa al frente del urbanismo en el Consell la aprobación del nuevo planeamiento de Santa Eulària podría demorarse. «No nos inspira confianza», añadió el primer edil, que aseguró que el conseller tiene «animadversión y rabia» al Ayuntamiento.

Sorpresa en EU

La coordinadora de Esquerra Unida, Elva Alonso, anunció ayer que sólo recurrirán la parte del fallo que se les obliga a pagar las costas. «Esta sentencia mina la moral de una organización que quiera hacer de acusación popular, prácticamente se criminaliza a quien intenta defender el bien común», dijo Alonso, que aseguró estar muy «sorprendida» por el fallo judicial y no entender por qué se les acusa de «mala fe», ya que ellos sólo actuaron porque vieron irregularidades.

No recurrirán el resto de la sentencia porque este caso ya ha tenido un coste económico muy alto para ellos, además de que no ven claro que puedan conseguir algo porque el fallo hace un «análisis parcial», tratando la actuación de cada acusado por separado.

El integrante de EU y ex coordinador Miquel Ramon lamentó que la sentencia tiene algo de «perverso». «Parece que diga: Cuidadín, no os metáis en según qué cosas, no hagáis denuncias», destacó Ramon, que recordó que Fiscalía y el juzgado de instrucción también vieron indicios de delito.

«No es la primera vez que Fiscalía y juzgados en Mallorca y en Eivissa trabajan de forma completamente diferente; en Eivissa no se investigan determinadas cosas y si lo hace una organización para defender intereses públicos le dicen: no molestemos, miremos hacia otra parte», añadió el dirigente de EU, que reconoció que se ha desautorizado su trabajo de los últimos años. «Respetamos el fallo pero tenemos profundas discrepancias», añadió Ramon, que también explicó que el ciudadano no entiende por qué el Ayuntamiento siguió aplicando un Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) nulo. «¿Tienen bula los ayuntamientos para saltarse la legalidad?, porque esto es lo que parece que se desprende de esta sentencia y me parece un hecho gravísimo», concluyó.

La Fiscalía ha decidido recurrir ante la Audiencia Provincial la sentencia absolutoria de ses Torres que ha dictado la jueza de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez. De hecho, la fiscal responsable del caso ya había previsto la posibilidad de que los acusados pudieran salir absueltos, por lo que ya había comenzado a preparar el recurso.

La Fiscalía acusó al ex alcalde Vicent Guasch, al ex primer teniente de alcalde Vicent Riera, al aparejador municipal Vicent Marí y al ex asesor jurídico José Mª Roig Vich de incurrir en un delito al permitir la urbanización de la zona de ses Torres en Jesús basándose en un Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) considerado nulo por los tribunales. Fiscalía había solicitado una multa de 120.000 euros y una inhabilitación especial para empleo o cargo público para los acusados.