De piedra se quedó ayer la cúpula de la Cambra de Comerç d'Eivissa y Formentera tras descubrir en las páginas del BOIB la orden de la consellera de Comerç, Francesca Vives, en la que se determina el reparto de patrimonio entre la entidad pitiusa y la mallorquina tras aceptar los últimos informes y tasaciones, denunciados desde Eivissa por favorecer a la entidad palmesana.
«Nadie nos ha dicho nada y, ni siquiera, tenemos copia del acta de la reunión de la Comisión Liquidadora que acordó este reparto (celebrada el 29 de mayo y a la que no asistió representación de las Pitiüses al haber recusado al presidente, Pere Trías, tras acusarle de prevaricación por querer favorecer a Mallorca)», explicó Dolores Tur, responsable de la Secretaría de la Cambra.
La resolución del Govern establece que el patrimonio neto de la Cambra conjunta, justo antes de la separación, era de 11,91 millones de los que la entidad de las Pitiüses debe percibir 2,13 millones de euros, alrededor de un 1,4 millones menos de lo estimado por la corporación local.
Del dinero que se otorga finalmente a la Cambra pitiusa 408.000 euros corresponden a las sedes de Vila y Sant Francesc de Formentera, 1,37 millones son de dinero en metálico y los 344.000 restantes suponen la suma de los derechos de cobro que se reservan a las Pitiüses.
Fin del proceso
La orden de la conselleria incluye también la consideración de que «no es necesario solicitar nuevamente dictamen al Consell Consultu», propuesta que contradice lo reclamado desde Eivissa, que entiende que este organismo debe volver a analizar la legalidad administrativa de todo el proceso.
Mucho más importante resulta el hecho de que, a consecuencia de la aceptación de la propuesta de reparto, Comerç decide disolver la Comisión Liquidadora, entidad creada para la negociación entre ambas entidades camerales y que contaba con el Govern como teórico árbitro. De esta forma, tal y como confirmó la propia Vives, «para la conselleria queda cerrado todo el proceso administrativo de forma que si alguna de las partes no está de acuerdo, tendrá que plantear un contencioso administrativo».
Legal y con informes
La responsable de Comerç en el Govern defendió ayer la absoluta rectitud y pulcritud del proceso. «He dictado esta orden en base a informes técnicos, se han dado todos los pasos que se tenían que dar como, por ejemplo, acudir al Consell Consultiu, que es algo que se hizo a iniciativa de la conselleria y que contó no la oposición de las Pitiüses», defendió la consellera. «Se ha cumplido escrupulosamente todo lo que dijo el Consell Consultiu y se ha cumplido con lo dicho por el Parlament, que pidió que se resolviera la cuestión lo antes posible», añadió.
La consellera reiteró ayer que «se ha hecho todo lo posible para conseguir un acuerdo pero ha sido un proceso muy tortuoso» y se mostró «dolida» por las «presiones» que ha sufrido desde la Cambra «con la amenaza diaria de que me pondrían una querella».
Vives, que aseguró que su decisión está avalada por los servicios jurídicos del Govern, defendió que «esta cuestión debía haber sido resuelta por el señor Cardona (anterior titular de Comerç con el PP), pero fue incapaz».
En cuanto a la posibilidad de incluirle en la querella por prevaricación cursada por la Cambra contra el director general de Comerç, Pere Trías, Vives dijo no estar preocupada «porque estoy convencida de que Trías ha actuado correctamente y seguro que la causa no irá a más». «Se ha actuado en consecuencia y de manera legal, por lo que tengo la conciencia muy tranquila», añadió.
La consellera negó «favoritismos por cualquier isla, y ahí están las actividades realizadas y los fondos conseguidos»; lamentó que la Cambra «ha gastado más recursos en pelear con nosotros que en trabajar por las empresas», aunque dijo estar dispuesta «a escucharles y trabajar con ellos, si lo quieren».
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