Entre 50 y 60 personas pertenecientes a 15 familias viven en las 44 infravivendas que el Ayuntamiento de Eivissa quiere expropiar a fin de impulsar la rehabilitación del barrio.
Estos son los datos que maneja el Consistorio sobre la cantidad de personas que necesitarán de la intervención de la Concejalía de Bienestar Social cuando prospere la iniciativa de expropiar y remodelar la zona, una actuación que el concejal de Urbanismo, Vicent Torres, quiere que empiece «a dar resultados antes de que termine la legislatura». «No se verá la totalidad del proyecto pero sí una buena parte del inicio de lo que será el proceso», apuntó el edil.
En cuanto al panorama de la propiedad en esta zona conflictiva de sa Penya, que comprende la manzana que delimitan las calles Alt y Retir, desde el Consistorio aseguran que en sólo dos de las viviendas residen los propietarios de la mismas, mientras que el resto de las personas aseguran verbalmente tener algún tipo de acuerdo con la propietarios de las casas que habitan, aunque no pueden demostrarlo con ningún documento.
En este sentido, el concejal Torres explicó que éste es el ámbito social que determina «la dificultad de la composición de la propiedad en la zona». «Hay viviendas que no tienen propietario o que no se sabe quién es el dueño, hay otras que están ocupadas, hay otras que los propietarios no tienen las posibilidades de iniciar un proceso judicial para sacar a los okupas ni tienen el dinero para rehabilitarlas», destacó acerca de la principal «circunstancia» que «obliga» al Ayuntamiento a actuar como iniciativa pública y que se suma al pésimo estado de las viviendas. «No es una voluntad ni un delirio del ayuntamiento, es una necesidad. Nos están pidiendo a gritos que la administración pública entre allí a solucionar un problema que la iniciativa privada per se no puede resolver», agregó.
Por otra parte, el edil explicó que el objetivo de hacer obra nueva una vez se expropie no es sinónimo de demoler. «Lógicamente no entraremos allí con una pala y lo tiraremos todo; nuestra idea no es demoler es rehabilitar. Pero si hay algo que demoler lo haremos con lo que nos digan el Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior del casco histórico) y Patrimonio, pero todo lo que se pueda aprovechar se aprovechará», concluyó.
Cabe recordar que el Ayuntamiento ha introducido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) una nueva unidad de actuación que delimita esta zona degradada de sa Penya y le permite intervenir. En este sentido, el objetivo es hacerlo mediante la expropiación a fin de edificar 15 viviendas de protección oficial (VPO) con el objetivo de dar solución a un problema social histórico del barrio.
Se trata de una iniciativa que se aprobará junto con el resto del plan general la próxima semana en el Ayuntamiento, que después se enviará al Consell d'Eivissa para su aprobación definitiva.
La portavoz del Consell, Pilar Costa, explicó ayer que los técnicos estudiarán si el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila tiene que pasar por un nuevo período de exposición pública debido a la incorporación de las actuaciones en sa Penya. «Los técnicos valorarán si existen modificaciones sustanciales o no, tal y como marca la ley», expresó Costa, que aseguró que «tienen tantas ganas como el Ayuntamiento de Eivissa de que se apruebe el plan». De hecho, aseguró que se darán «toda la prisa posible» para poder estudiar el documento urbanístico lo antes posible y para aprobarlo definitivamente cuanto antes. De todas formas, advirtió de que ya que el documento lleva tanto tiempo en tramitación hay que procurar que salga «lo mejor posible» y por eso tiene que ser supervisado adecuadamente por parte de los técnicos del Consell d'Eivissa, que son los que tienen la última palabra sobre el planeamiento de la ciudad. «Nos daremos toda la prisa que podamos», reiteró la consellera.
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