PSOE-ExC de Sant Antoni denunció ayer que el equipo de gobierno realiza nombramientos de funcionarios «a dedo» y destituciones «sin justificar».

La portavoz del grupo municipal, Laura Carrascosa, aseguró que se están desarrollando «actos administrativos que son ilegales» con algunos trabajadores del Consistorio, una situación que los ediles de la oposición decidieron denunciar ante la Dirección General de Función Pública del Govern balear y en los sindicatos. Según explicó, dos casos, como la destitución de una letrada «que fue rebajada de su cargo sin justificar y con la correspondiente pérdida de la antigüedad» y «el ascenso sin cesar hasta llegar a ser jefa de servicios jurídicos» de otra letrada nombrada «sin que medie un concurso público», según Carrascosa, dan prueba de ello.

«Lo que la gente dice por la calle de que los que entran a trabajar en el Ayuntamiento entran por enchufe pues sí, es verdad, ahí lo tenemos. Por eso queremos denunciar la falta de transparencia a la hora de aplicar la normativa al acceso a la función pública. Es un escándalo», destacó la portavoz del grupo municipal, que aseguró que la letrada destituida de su cargo ha denunciado a la institución «por discriminación y por moving».

Asimismo, Carrascosa explicó que su grupo tuvo conocimiento de ello cuando la letrada que destituida impugnó los presupuestos 2009. Por ello, también acusó al equipo de gobierno de no haberle informado después de que PSOE-ExC «hizo un esfuerzo de apoyar al Partido Poluar para tirar para adelante los presupuestos que consideramos que eran importantes para el desarrollo de Sant Antoni».

En este sentido, recordó también que su grupo ya manifestó su desacuerdo con el nombramiento de «una gerente de deportes como un cargo de confianza, porque es una plaza que tiene que tener una estabilidad laboral, y que se tendría que hacer mediante oferta pública y con garantías» y acusó también al Consistorio de «no tener las bases redactadas para ocupar plazas que están vacantes».

Desde el equipo de gobierno negaron ayer las acusaciones de PSOE-ExC y destacaron que «todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento tienen pleno derecho para hacer todas las alegaciones o denuncias que crean oportunas». «En este caso [el de la letrada destituida] los informes técnicos tanto internos como externos, incluso del propio Consell, avalan todas las actuaciones», apuntaron, y destacaron que en el segundo caso, el de la otra letrada, es igual al de «todos los funcionarios porque están en igualdad de condiciones para su movilidad laboral».