C. Roig13/06/09 0:00
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La Fiscalía ha solicitado al juez que anule la declaración como imputados del presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y la consellera de Medi Ambient, Silvia Tur, porque considera que su imputación es «prematura y precipitada». El Ministerio Público cree que previamente se tendría que estudiar si la denuncia del empresario italiano contra el presidente del Consell tiene base y se puede apreciar algún delito. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, fue el juez que decidió la imputación de ambos políticos, que acudieron el pasado 4 de junio a los juzgados y se negaron a declarar hasta que no se resuelva el recurso de reforma que interpusieron y en el que piden que el tema sea dirimido en un juzgado de lo Contencioso-administrativo y no de lo Penal.

Esta investigación se abrió cuando un empresario italiano que tenía dos chiringuitos en es Migjorn, Fabio Covizzi, denunció que el Consell/Ayuntamiento había cometido una actuación injusta al impedirle abrir los establecimientos. En su denuncia, el empresario aseguraba que el informe desfavorable de la institución era «tendencioso y falto a la verdad».

Desde Fiscalía remarcan que, en caso de existir delito, éste sería de prevaricación. Pero considera que en primer lugar se tendría que aportar a la causa toda la documentación de las administracioens que han intervenido en los hechos para comprobar si éstos han sucedido y si se sustentan sobre normas aplicables. En caso de que hubiera indicios de delito sí que se podría llamar a declarar como imputados a Ferrer y Tur. De hecho, desde Fiscalía resaltan que no se puede imputar si sólo hay insinuaciones, sospechas o valoraciones subjetivas por parte de un denunciante. «El imputado es la persona respecto de la cual existen indicios racionales de participación en un hecho delictivo, y en el presente caso se desconoce o se ignora, dicho así llanamente, si existe dicho delito», expresan desde Fiscalía.

En conclusión, desde el Ministerio Público consideran que en este caso hay «demasiadas lagunas» y no existen los datos necesarios para conocer los hechos. Por eso piden al juez que si quiere tomar declaración al presidente y a la consellera lo haga en calidad de testigos. De todas formas, no descarta que más adelante se les tenga que tomar declaración como imputados si así se desprende de la documentación que deben aportar las instituciones.

La Fiscalía solicita al juez que pida todos los documentos (expeidentes, informes y resoluciones) que obren en poder del Consell/Ayuntamiento de Formentera y de la demarcación de Costas, incluidos los pliegos de condiciones elaborados por la institución formenterense.

Las autorizaciones relativas a servicios desmontables de playas corresponden a los ayuntamientos que así lo soliciten a Costas. Además, son revocables en cualquier momento unilateralmente sin derecho a indemnización.