«Los querellados utilizaron distintos sistemas para sustraer fondos públicos»

Antònia Ordinas, ex gerente del CDEIB, sostiene las principales incriminaciones contra el ex conseller de Comerç i Indústria en la pasada legislatura, Josep Juan Cardona, según se desprende del escrito redactado por la Fiscalía Anticorrupción por el que se solicita el traslado del 'caso Scala' al Tribunal superior de Justicia de Balears dada la condición de aforado que tiene Cardona como diputado del Partido Popular en el Parlament.

El escrito es contundente: «La sustracción de fondos del erario público por parte de los querellados (Cardona, Ordinas, Kurt Viaene e Isabel Rosselló) se desarrolló utilizando distintas operativas», señalan los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach.

Las pesquisas de la Fiscalía sobre la totalidad de los expedientes tramitados en el CDEIB -130 durante la pasada legislatura- le llevan a la conclusión de que «son una pieza fundamental del engranaje ideado por los querellados (Ordinas, Viaene y Cardona) para lucrarse».

A tenor de las declaraciones de varios testimonios, las comisiones que -casi siempre según la versión dada por Ordinas- se repartía con Kurt Viaene ascendía al 40% de una facturación global de casi 6 millones de euros.

Según el Ministerio Público «ninguna de las operativas fraudulentas hubiese sido posible sin la colaboración activa del conseller».

Competencias

Por su parte, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma, Piedad Marín, deberá decidir si se declara incompetente para continuar con las diligencias del 'caso Scala' debido a la condición de aforado del diputado del PP Josep Juan Cardona, tal y cómo se lo ha pedido la Fiscalía Anticorrupción. El escrito del Ministerio Público describe en 86 folios la supuesta «mecánina defraudatoria» seguida por Cardona y el resto de principales imputados, la ex gerente del CDEIB Antònias Ordinas, su esposa Isabel Rosselló, y el ex director de Promoció Industrial, Kurt Viaene.

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción afirma en su escrito dirigida a la juez del 'caso Scala' en el que le pide que se inhiba a favor del TSJB debido a la condición de aforado de Josep Juan Cardona que «ninguna de las operativas fraudulentas hubiesen sido posible sin la colaboración del conseller».

Hasta a 17 años de cárcel

El escrito, al que ha tenido acceso Ultima Hora, consta de 82 folios e imputa a Cardona los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales público, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la administración pública por los que puede ser condenado a 17 años de cárcel, según los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach.

El texto es expeditivo y algunos párrafos hacen una lectura contundente del panorama de la Conselleria y el Consorcio. Así, se asegura que «los querellados (Cardona, Antònia Ordinas y Kurt Viaene) de común acuerdo y guiados por el ánimo de obtener beneficio económico, idearon, planificaron, y desarrollaron una serie de actuaciones con la finalidad de apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedente de los fondos públicos de los que tenían disposición por razón de su cargo, aprovechándose de la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión», según los fiscales.

El portavoz insular del PP, Joan Pantaleoni, dijo ayer que no tomarán ninguna medida contra Josep Juan Cardona porque la imputación es la misma y sólo se ha pedido el traslado de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Pantaleoni indicó que Cardona sigue siendo imputado y si un «imputado dimite tienen que dimitir todos». En cualquier caso, el PP de Eivissa sólo tomará medidas si el juez decide procesar al ex conseller. «Mientras tanto seguirá con la misma situación de los muchos imputados que hay en la islas», añadió el portavoz del PP, que no se quiso pronunciar sobre la dureza de las acusaciones de la Fiscalía. «Si un fiscal llega a la conclusión de que tiene que imputar a alguien es porque debe haber encontrado suficientes indicios, pero a partir de aquí ya veremos lo que dice el juez», concluyó.

Por otro lado, la consellera del PP Carmen Domínguez remarcó que el PP siempre estará «bajo lo que la ley y los jueces decidan» y la portavoz de la formación en el Consistorio de Vila aseguró que «como única prueba» es lo dicho por una acusada pondría su veracidad «en cuarentena». «Si la única fuente de delito es que una acusada, para reducir su pena, declare acusando a otros, habrá que ver pero seguro que ningún juez condenaría a nadie con eso».

«Confío en la honorabilidad de Pepe y confío en que se aclare todo. Este tema, más que probablemente, acabará en absolución pero todo el daño que se hace mientras no se lo quita nadie».

El PP balear también expresó ayer su «apoyo total» al ex conseller Cardona. La presidenta del PP, Rosa Estaràs conversó ayer con Cardona, quien dijo a este diario que no quería hacer declaraciones.