Tanto el jefe de la demarcación de Costas de Balears, Celestí Alomar, como el presidente del Consell y los alcaldes de Vila y Sant Josep se comprometieron ayer a respetar al máximo las peticiones de los afectados de la reforma del paseo de ses Figueretes, que prevé 33 expropiaciones y la demolición de varias terrazas y tres piscinas de hoteles de la zona.
La consellera de Promoció Turística, Pepa Marí, explicó que Alomar estudiará las alegaciones con «buenos ojos» para modificar y mejorar el proyecto con las peticiones de los empresarios. De todas formas, resaltó que el tema de las demoliciones de piscinas y de algunas terrazas es independiente del proyecto del paseo en sí, ya que se trata del cumplimiento de la ley de Costas, puesto que algunos de estos elementos son ilegales. «Celestí Alomar se ha comprometido a estudiarlo. De hecho ya ha habido muchas conversaciones con el Ayuntamiento de Vila y con Costas y se tendrían que buscar soluciones intermedias; hay que mirar caso por caso y no se puede buscar una solución global», expresó la consellera.
«Preocupación» del Consell
Pepa Marí señaló que comparten la «preocupación» de los hoteleros y no quieren que el proyecto afecte a más de lo «estrictamente necesario». «Defendemos que sea una mejora que se pueda llevar a cabo lo antes posible y que se haga con un consenso, porque es algo que se hace para el bien de todos », añadió.
El presidente de los hoteleros, Juanjo Riera, recordó que las empresas afectadas por la demolición de piscinas (Los Molinos, Náutico Ebeso y Ibiza Playa) llevan muchos años trabajando en la zona y si se quedan sin ella pueden tener problemas económicas que pueden afectar a la viabilidad de sus negocios y que pueden poner en juego «puestos de trabajo». «Les hemos pedido que nos defiendan porque es posible compatibilizar la actividad privada y empresarial con el uso público», añadió Riera, que cree que se puede hacer un paseo atractivo sin perjudicar a los negocios.
El presidente de los hoteleros se mostró satisfecho con el encuentro porque aseguró que el presidente del Consell, Xico Tarrés, se comprometió a ayudarles y a defender su postura ante el Ministerio de Medio Ambiente. «Si hace falta nos ha dicho que iremos a Madrid», añadió el hotelero, que, sobre todo, dejó claro que es importante no tirar ninguna piscina. «Siempre han estado en el paseo marítimo y no han molestado a nadie, además de que también hay muchas terrazas de restaurantes afectadas», remarcó Riera, que anunció que harán un seguimiento «muy fuerte de este tema».
Aparte de estas demoliciones hay hoteles afectados por expropiaciones, como el Torre del Mar, al que le quitan más de 1.200 m2, o el Goleta, al que le enajenan 700 m2 de terraza. «Un hotel vacacional no puede hacer nada sin piscina ni terraza», recordó Riera.
Por otro lado, la alcaldesa Lurdes Costa destacó las bondades del proyecto, porque recordó que el Ministerio de Medio Ambiente quiere realizar una importante inversión para construir un paseo que una toda la costa desde el hotel Los Molinos hasta el final del término municipal de Eivissa, que se sitúa aproximadamente en el hotel Algarb.
En la reunión estuvieron presentes afectados directos como los responsables del hotel Los Molinos, del Náutico Ebeso, del Torre del Mar y del Goleta y el Tres Carabelas. También hubo representación de la Federación hotelera y de asociaciones de varios municipios. Asimismo, estuvieron presentes varios consellers y concejales de Vila y Sant Josep.
El presidente de la Federación Hotelera, Juanjo Riera, recordó ayer que las piscinas que Costas quiere demoler dan servicio a otros establecimientos de la zona como hostales, otros hoteles o pensiones que no disponen de este servicio. «Mucha gente ha podido ofrecer piscina sin ser titular y si se demolieran sería un perjuicio brutal para ses Figueretes, que necesita más atractivos», remarcó Riera, que cree que podría quedar en clara desventaja con otras zonas de la isla y de Balears. De hecho, recordó que el Consell tiene un plan para renovar Platja d'en Bossa, con lo que ses Figueretes y es Viver podrían quedar atrás. «Lo que queremos es que se haga compatible el uso público y empresarial con el uso público», remarcó.
La alcaldesa de Vila, Lurdes Costa, explicó ayer que se ha comprometido a estudiar las alegaciones de los expropiados. «Intentaré defender y ponerme al lado de los afectados para intentar mejorar el proyecto y que se tengan en cuenta sus reclamaciones», explicó Costa, que aseguró que Alomar también ha apoyado esta idea «siempre que las alegaciones se adecúen a la normativa y a la ley y siempre que se haga compatible el uso público y privado de determinadas zonas», explicó la alcaldesa.
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