La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado la primera sentencia desestimatoria de un recurso presentado por un afectado por las expropiaciones de las carreteras al considerar que no se había desarrollado de forma correcta todo el proceso de enajenación de terrenos. Hasta ahora, de los casos llevados a los tribunales, se habían formulado tres resoluciones, todas ellas condenando a la Administración.
La denuncia ahora resuelta en contra de los demandantes partió de la propiedad de finca de Can Xicu Pere Musson, en el kilómetro 4'8 de carretera de Sant Antoni. El recurso defendía que se producido una falta de citación para el levantamiento del acta previa de ocupación de la finca, así como falta de «datos esenciales» para la identificación de la parcela.
Mayor compensación
Igualmente, se aducía que en el expediente «no consta el depósito previo» y que tampoco figura «cuantificada, pagada o consignada la cantidad por daños y perjuicios derivados de la rápida ocupación». Por todo ello, desde la propiedad se reclamaba que se abonase un 25% más de lo pagado por la expropiación.
Respecto al primer punto, la titular del terreno había sido declarada incapaz y su tutoría legal había recaído en su hermana, quien comunicó esta situación a la Conselleria d'Obres Públiques, algo que no se produjo en la comunicación del acta de ocupación.
El tribunal considera que «de la misma forma que atendió otras comunicaciones dirigidas a su hermana, de la misma forma le correspondía recibir en su nombre la citación». Se añade, además, que «es especialmente relevante que el domicilio de ambas es el mismo».
Dado que la tutora de la afectada no compareció a la realización del acta previa de ocupación, el TSJB considera que «su capacidad para discutir la relevancia de las posibles omisiones queda devaluada». En cuanto a la falta de datos, los magistrados entienden que se dio información suficiente al identificar la parcela con datos catastrales, «se indican linderos y se especifica que la ocupación afecta aproximadamente a 9 metros cuadrados».
Por último, respecto a la falta de pago o consignación del dinero, el tribunal da por buenos los justificantes presentados por la Administración.
El presidente del PP ibicenco y diputado autonómico, Miquel Jerez, acusó al conseller d'Obres Publiques, Jaume Carbonero, de «ocultar» la sentencia, dictada el pasado 20 de mayo, «porque quiere dar una visión absolutamente sesgada del proceso y criminalizar la acción del anterior Govern».
«Lo que quiero es que no se manipule a la opinión pública y que las sentencias contrarias al Govern se asuman por el PP, como se ha hecho ya, pero que todas aquellas que sean favorables a la Administración también se saquen a la luz», añadió el político conservador.
Jerez defendió que el proceso de expropiaciones de las carreteras fue una actuación administrativa «compleja, en la que pudieron haber errores» pero apuntó que «tuvo 500 afectados y sólo 14 han acabado en los tribunales, una litigiosidad mínima».
En este sentido rechazó el uso político de las resoluciones («los partidos no están para tirarse las sentencias a la cabeza, algo que no ayuda a dignificar la política», afirmó), pero defendió que su grupo haya sacado a la luz la última resolución «porque el PP no se va a quedar callado cuando las anteriores sentencias se han instrumentalizado para sacar un rédito político».
En este sentido, Jerez explicó que en el pleno del Parlament del martes formulará una pregunta a Carbonero sobre las sentencias judiciales respecto a las expropiaciones de las autovías.
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