El director general de Comerç declarará ante el juez por la escisión de la Cambra de Comerç

Ahora, el responsable del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma ha admitido a trámite la denuncia y ha determinado que el segundo de a bordo de la Conselleria de Comerç debe declarar sobre su papel en el proceso de separación y de si ha aprovechado su cargo para retrasar indebidamente el proceso y lograr así que desde las Pitiüses se acepte un acuerdo favorable a la Cambra de Mallorca a sabiendas de que su resolución era injusta, por lo que podría ser inhabilitado para desempeñar cargo público entre siete y diez años.

Aunque desde la Cambra se defendió que, con esta decisión, Trías figuraría ya como imputado en el proceso, desde la Conselleria se negó este punto y se destacó que la citación de Trías «forma parte del proceso normal, ya que el juez abre diligencias previas y escuchará al director general como denunciado para que pueda defenderse de las acusaciones que se formulan».

La responsable de la Secretaría de la Cambra, Dolores Tur, destacó ayer que, si desde la conselleria no se cambia de actitud y se acepta encargar una nueva tasación «imparcial, siguiendo los criterios que fijó el dictamen del Consell Consultiu», se estudiará «la posibilidad de ampliar la querella a la consellera [Francesca Vives]».

Valoración a la baja

Desde la entidad pitiusa no escondía ayer su enfado por la actitud del departamento balear, que en marzo de este año encargó una nueva valoración a la empresa TINSA y que estimó el valor de tasación de la sede cameral mallorquina en 4,25 millones, «una cantidad que es incluso más baja que la inicial que rechazamos y que se establecía en 4,5 millones».

«Eso sí, en la Conselleria son tan buenos que nos comunican que, como es una cantidad inferior y no altera las bases de la tasación inicial, se acepta mantener la primera de 4,5 millones porque es más beneficiosa para nosotros», lamentó Tur.

Esta reiteración de la oferta inicial, que supondría unos ingresos de unos 2,2 millones para la Cambra pitiusa, «supone ignorar por completo la resolución del Consell Consultiu que obligaba a una tasación justa, así como a las mociones aprobadas por el Parlament en la que se instaba a Comerç a que resuelva el expediente y realice una nueva tasación justa, imparcial y a precio de mercado».

«Es incompresible que no se avengan a algo que simplemente es realizar una valoración justa», reiteró Tur. «No pedimos una cantidad concreta, sólo queremos un sistema que garantice un reparto que garantice a Eivissa lo que le pertenece», concluyó.

La Conselleria de Comerç había citado para ayer a los representantes de la Cambra para que asistieran a una reunión de la Comisión Liquidadora (en la que está la Administración autonómica y la entidad cameral de Mallorca), para aprobar la propuesta de reparto que incluye la tasación de 4,5 millones.

Desde las Pitiüses se considera que la oferta de resolución es «ilegal» y que Trías está incapacitado para presidir la Comisión Liquidadora. La Cambra se negó a asistir a la reunión y solicitó la recusación de Trías, una petición sobre la que debe decidir Francesca Vives, «quien debe resolver en un día [hábil], es decir, el lunes, por lo que la reunión de hoy [por ayer] debe suspenderse», defendió Tur. La reunión tuvo lugar finalmente, informó la conselleria.

La Comisión Liquidadora mantuvo ayer su reunión prevista e informó favorablemente sobre la propuesta de liquidación rechazada por la Cambra pitiusa, informaron desde la Conselleria de Comerç. Ahora es Francesca Vives quién deberá dictar la resolución final, añadieron, e indicaron que «lo previsible es que la decisión se adopte la semana próxima», aunque advirtieron de que el proceso «podría alargarse».

Sobre la no suspensión de la reunión y que la Comisión eleve una decisión rechazada por las Pitiüses, se dijo que «se ha tomado una decisión para tratar de cerrar el proceso, porque si en dos años y con dos gobiernos no se ha podido llegar a un acuerdo será difícil conseguirlo». Igualmente, se dijo «ser conscientes de que una decisión firme abre la posibilidad de un contencioso-administrativo». Por otro lado, se defendió que Vives no tenía por qué paralizar la Comisión por la petición de recusación a Trías y que dispone todavía de tiempo para resolver esta cuestión.

Finalmente, se aseguró que se ha actuado «cumpliendo los acuerdos que pedían celeridad» y que «en todo momento se ha respetado el procedimiento legal y las decisiones se han tomado en base a informes técnicos».