C. Roig28/05/09 0:00
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El jefe de la demarcación de Costas de Balears, Celestí Alomar, explicó ayer que ya han mantenido un par de reuniones con el conseller de Medi Ambient y la dirección del parque natural de ses Salines para intentar encontrar una solución global para el parque natural de ses Salines para ver dónde se pueden reubicar actividades como las de los chiringuitos de playa, que cuentan con varios informes que aconsejan su desaparición por estar encima de dunas. «Una solución definitiva sólo vendría por un esfuerzo conjunto de todas las administraciones para ver qué posibilidades hay dentro del parque y una vez definido sería el momento de llegar a acuerdos con la antigua propiedad de ses Salines, para ver qué negocio genera el parque», explicó Alomar, que indicó, no obstante, que actualmente estos chiringuitos han solicitado una concesión de 60 años. «Estamos en fase de expedientes abiertos y de contenciosos y los propietarios están defendiendo sus derechos», matizó el jefe de Costas, que indicó que estos chiringuitos fueron propiedad privada hasta que se aprobó la ley de Costas, cuando pasaron a dominio público. «Existen unos derechos y la ley dice que pueden tener concesión de 30 años más 30», expresó Alomar.

Originariamente estos establecimientos eran quioscos que se pusieron encima de la playa. En un momento dado se les obligó a alejarse seis metros más del mar y allí construyeron sus establecimientos. Desde la demarcación sostienen que no contaban con licencia de actividad cuando se aprobó la ley de Costas. «Ahora tienen que demostrar qué es lo que tenían legalizado en el 88, cuando se aprobó la ley», explicaron los responsables de la demarcación, que indicaron que si demuestran que tenían licencia podrían llevar a cabo estas actividades, aunque vigilando también su tamaño. El objetivo de Costas es «quitar presión de encima de la playa» porque estos establecimientos se sitúan encima de dunas en un espacio protegido.

De todas formas, desde Costas reiteraron que no existe ninguna orden de demolición de los chiringuitos y que se está negociando darles una concesión de 60 años si acreditan que funcionaban legalmente cuando se aprobó la ley de Costas. «Estos chiringuitos tienen actualmente una cobertura legal, porque están en tramitación», expresó Alomar, que añadió que paralelamente también se está ejecutando un proyecto para conservar el sistema dunar de ses Salines.

El jefe de la demarcación de Costas en Balears, Celestí Alomar, visitó ayer los trabajos que se están desarrollando para demoler las 14 casetas de es Codolar. Por la tarde estaba previsto comenzar a desmontar los elementos contaminantes como la uralita, una labor que llevará tres días. El martes comenzará la demolición propiamente dicha, que durará tres jornadas más. Según explicó Alomar, el derrumbe se ha complicado por la presencia de de materiales contaminantes, lo que ha obligado a trasladar una unidad de reciclaje especial, algo un tanto dificultoso por el complicado acceso a esta zona de costa.

La demarcación de Costas también derribará próximamente las cinco casetas de Cap des Falcó, una de las cuales ya está en ruinas, a petición de la dirección del parque natural de ses Salines. Hace poco también se tiró abajo otro varadero en la zona de Cap Blanc en Sant Antoni.

Alomar destacó que desde su departamento están actuando, aunque respetarán todos aquellos varaderos que tengan interés etnológico o sean Bien de Interés Cultural. De todas formas, destacó que las de es Codolar «es evidente» que no tenían interés etnológico. Aparte de los varaderos de Cap des Falcó, no hay más demoliciones previstas por el momento.

Respecto al deslinde de Formentera, Alomar explicó que están negociando con la plataforma de afectados para definir su situación y cuáles son los derechos futuros que pueden tener. En cuanto al de Sant Joan, defendió que es una delimitación en la que se ha hecho un «grandísimo esfuerzo» por parte de Costas y del Ayuntamiento para llegar a un acuerdo y hacer un «deslinde técnicamente lo mejor posible». «Intentamos documentar lo que era urbano en 1988 y es una prueba del esfuerzo conjunto entre Ayuntamiento y el Estado; está aprobado ya y la gente puede actuar como crea», dijo en referencia a la interposición de recursos por parte de los afectados.