La mansión condenada

Entre 1995 y 1996 comenzó la excavación para su edificación en la cima de un monte de Santa Agnès, a 227 metros sobre el nivel del mar, calificada como Àrea Natural de Alto Nivel de Protección (ANT) que la define inedificable. En ese mismo momento, mientras dejaban la colina «como un cráter», según Neus Prats, el Grup d'Estudis de sa Naturalessa (GEN-GOB) comienza con sus denuncias ante el Ayuntamiento de Sant Antoni.

«Se montaron dos grúas bestiales para hacer lo que parecía una urbanización entera. Era algo horroroso, algo que te golpeaba el alma de verlo y, lógicamente, se empezó a denunciar por la vía administrativa. Evidentemente y como sigue siendo habitual, ni caso, el ayuntamiento no lo paró jamás. Y todo a pesar de las denuncias y de que sabían que era una actividad ilegal en un monte protegido y que ni siquiera tenía licencia», relata.

Un año después, en 1997, el GEN recibe la respuesta del Consistorio, bajo el mandato del ex alcalde Antoni Marí Tur. «Nos dicen que la obra estaba amparada en una licencia y que se ajustaba a ella y que, por lo tanto, estaba todo correcto. Y es cuando decidimos interponer un contencioso administrativo ante el juzgado», explica la portavoz del GEN.

Esta denuncia es admitida a trámite en 2000 y en 2001 sale la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma declarando ilegal la licencia y decretando el derribo de esta mansión valorada en 6,9 millones de euros. «Lógicamente fueron al Tribunal Superior de Justicia y nosotros también porque además en primera instancia no nos admitieron que el camino también era ilegal; pero en segunda instancia lo ganamos todo, el camino y la casa», apuntó la portavoz del GEN sobre la otra «ilegalidad» denunciada que hacía referencia al cierre del acceso público al litoral que Cretu había cerrado como acceso a su mansión.

La primera sentencia

Sin embargo, este primer triunfo del GEN no fue más que el inicio de un largo conflicto judicial de recursos, apelaciones, sentencias y ratificaciones que se extiende por ocho años. Investigado por la Fiscalía de Eivissa, la batalla judicial se libró en diferentes escenarios como el Juzgado de Instrucción Nº1 de Eivissa, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma, el Tribunal Superior de Justicia de Balears y la Audiencia Provincial. A la vía administrativa por la ilegalidad de la licencia llegó también la penal con la imputación, primero, de Cretu y del arquitecto de su mansión por un delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. A ellos se sumaron después como imputados el ex alcalde Joan Marí Tur y su equipo de gobierno (1997) por haber otorgado la licencia.

Sin embargo, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 1, Juan Carlos Torres, ordenó, a finales de 2007, el archivo del caso y el sobreseimiento de los imputados «por no existir indicios de delito», lo que motivó la apelación del GEN y la reapertura del caso ordenada por la Audiencia Provincial, que actualmente lleva la parte penal de la causa, y a la que se sumó en 2009 la imputación del aparejador municipal.

Todo esto sin olvidar otra denuncia del GEN contra Cretu por haber edificado casi 3.000 m2 cuando la licencia declarada ilegal, le permitía 900 m2, y que suscitó un expediente en el Ayuntamiento por infracción urbanística.

Paralelamente, otro debate se instala en la vida política e incluso llega hasta el anterior ejecutivo del PP, el Govern de Jaume Matas, que intenta hacer una ley para legalizar la casa.

Intento de legalización

«Lo curioso es que un mes antes de que la ley se aprobara, el abogado recurrió al TSJB para que paralizara la sentencia de demolición con este argumento pero no se les aceptó», explica Prats. En ese momento, Cretu presentó ante el Consistorio un proyecto de legalización que incluye la reforestación que impide ver la mansión y en lo que se gasta 163.000 euros. «Pero el ayuntamiento, viendo que la cosa estaba mal, denegó proyecto».

La historia continúa entre recursos y más recursos, e incluso el GEN se persona en la causa.

Tras las ratificaciones del TSJB para el derribo vino un plazo de dos meses y dos de 18 meses para que Sant Antoni lo hiciera efectivo. El último fue en 2007, y a lo largo de 2008 Sant Antoni reservó partidas para la demolición que está pagando de forma subsidiaria. Sin embargo, el proceso para cumplir la sentencia de demolición se aceleró cuando el Juzgado Nº1 de Palma impuso al alcalde José Sala multas de mil euros mensuales hasta que la demolición estuviera concluida; sanciones que ya le han costado 3.000 euros desde el mes de abril.

Según Neus Prats éste es el «gran primero triunfo del GEN en los juzgados». Una historia que aún tiene muchos más detalles y vericuetos que, según Prats, para conocerlos a fondo «se tendría que escribir un libro». Sin embargo, no se puede decir que fuera la crónica de una demolición anunciada. «Nadie se creía que la fueran a derribar porque la gente tiene muy poca fe en que la justicia sea para todos igual», concluyó Prats.

1995/96

-Comienza la obra sin licencia y las denuncias del GEN ante el Ayuntamiento.

1997

-El Ayuntamiento da la licencia de obras y el GEN lo denuncia ante el juzgado.

2001

-El juez declara la nulidad de la licencia y ordena demoler la obra. El Ayuntamiento recurre la sentencia y Cretu se adhiere a la apelación como codemandado.

-Costas sanciona a Cretu por cerrar de forma ilegal el camino de acceso al litoral (el de su casa) y le multa con 800.000 pesetas.

2002

-El TSJB confirma que se debe demoler la casa de Cretu y éste recurre.

2003

-El TSJB desestima el recurso y da un plazo de dos meses para su demolición. -El Consistorio solicita auxilio juirídico para iniciar el proceso de derribo.

-El Gobierno de Matas crea un ley para legalizar la mansión.

2004

-Cretu presenta un recurso en base la nueva ley, el TSJB lo rechaza y el tribunal de Palma da un plazo de 18 meses para la demolición.

2005

-Cretu presenta un proyecto de legalización ante el ayuntamiento y éste se pronuncia a favor.

-El GEN interpone otra denuncia por exceso de edificación en 2.000 m2 de los 900 m2 que permite la licencia declarada ilegal.

-El TSJB ratifica que la mansión debe demolerse y Sant Antoni recurre.

-El juez imputa a Cretu y al arquitecto de su mansión por un delito contra el territorio y el medio ambiente, después de tres peticiones hechas por Fiscalía de Eivissa.

-Cretu se gasta 163.000 euros en camuflar su mansión entre la vegetación.

-Cretu pide una indemnización de 18 millones pero se paraliza el expediente a la espera de una sentencia firme.

-Cretu declara ante el juez como imputado y afirma que desconocía los detalles técnicos de su mansión.

2006

-El TSJB deniega otro recurso de Sant Antoni y de Cretu y éstos se quejan ante el Tribunal Supremo.

-El Juez Juan Carlos Torres cierra la causa penal y la traslada a Fiscalía para que justifique la existencia de delito.

-El Ayuntamiento se retracta y rechaza el proyecto para legalizar la mansión.

-La fiscalía pide la imputación del ex alcalde Joan Marí Tur y de su comisión de gobierno, y la reapertura del caso.

2007

-El juez los imputa, éstos declaran que se basaron en los informes técnicos, y decide archivar la causa penal del caso y levantar las imputaciones.

-El GEN recurre el archivo de la causa, el juez lo rechaza y los ecologistas apelan. La causa penal es trasladada desde los juzgados de Eivissa a la Audiencia Provincial.

-La jueza de Instrucción Número 1 de Palma da un ultimátum a Sant Antoni para que derribe la casa en 18 meses, sino, el alcalde Sala tendrá sanciones a su patrimonio personal.

-El Govern se propone anular la ley de Matas.

2008

-Desestimados más recursos para legalizar la casa Cretu.

-La Audiencia Provincial ordena la reapertura de la causa contra todos los imputados.

-Sant Antoni inicia el expediente urbanístico por el exceso en 2.000 metros de la licencia ilegal.

-Termina el plazo de 18 meses y Sant Antoni tarda cinco meses más en adjudicar las obras del derribo.

2009

-El juez imputa al aparejador municipal.

-Empiezan las multas de mil euros mensuales al alcalde José Sala por el retraso en la demolición.

-Se inicia el derribo.