El Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa ha citado a declarar, el próximo día 27, a Joan Marí Tur, Botja, y a Antonio Arabí como imputados por un presunto delito de destrucción de elementos de valor arqueológico y patrimonial durante la construcción del segundo cinturón de ronda de Eivissa, unos hechos por los que también están siendo investigados el propietario de la empresa que ejecutó los trabajos, Matías Arrom Bibiloni, y el jefe de obra, Àlvarez Alemán.
Marí Tur y Arabí deberán responder por no iniciar ninguna investigación, en su calidad de conseller y director general insulares de Patrimoni, tras las reiteradas denuncias de destrucción de varios yacimientos durante la construcción de la circunvalación.
«La Conselleria de Patrimoni no incoó expediente alguno para aclarar lo sucedido llegando al punto de dirigirse únicamente a quienes estaban denunciando (...) mediante un acuerdo del director general, quien conmina a que no se realicen los que se califica como 'prospecció' sin autorización administrativa y a que sean notificadas las noticias o sospechas que se tengan de la afectación o aparición de restos (...) reservándose, entre otras, las facultades de comprobación», recoge el auto judicial dentro de la enumeración de los elementos que motivan la imputación de los dos ex altos cargos insulares y que «resultan objetivamente incontestables», según el juez.
Celeridad en las obras
El propio redactor de la resolución concluye que «puede suponerse, fundadamente, que esta falta de intervención, este dejar pasar, se debió a una voluntad de no entorpecer un rápido desarrollo de las obras, cuyos plazos de cumplimiento se estaban exigiendo (no resultando nada ilógico deducir que la empresa argumentaría que no podría cumplirlos si existían retrasos por actuaciones arqueológicas)».
En el auto, el magistrado repasa todo el proceso de denuncias y las reacciones que dichos avisos provocaron en el Consell y en la empresa adjudicataria. Como conclusión, se considera incontestable «que se produjo destrucción efectiva de elementos de valor arqueológico y patrimonial (...) antes de que la conselleria tuviera oportunidad de pronunciarse sobre su importancia y destino».
Igualmente, el juez resta credibilidad a la defensa de MAB de que inició las obras sin el correspondiente seguimiento arqueológico alegando que no tenía constancia de su necesidad. Así, se señala que el propio Consell indica que la empresa tenía una partida reservada para tal fin.
Entre los elementos de cuya destrucción existe constancia figuran, entre otros, parte del BIC del camino de Puig d'en Valls, una cisterna púnico-romana en Can Misses, una necrópolis rural romana, un tramo de 20 metros de acueducto romano en Can Ferró (junto a GESA), un edificio de época púnica, una sitja y un yacimiento arqueológico en Can Cifre.
José María López Garí es el actual director general de Patrimoni del Consell y portavoz de Eivissa pel Canvi. En el momento de las obras fue uno de los arqueólogos que integraba la empresa Posidonia, contratada para hacer el seguimiento de los trabajos y posteriormente despedida.
«Como parte implicada, estoy muy contento de que se comience a pedir responsabilidades, que empiece a pagar gente con nombres y apellidos que tuvo un papel en todo esto», declaró ayer.
«Esta es la única manera de evitar en el futuro que la gente piense que no le pasará nada», añade López Garí, quien considera que «hay suficientes pruebas documentales (para condenar a los acusados), pero la justicia debe seguir su camino».
Por su parte, la sucesora de Botja en la conselleria, Marga Torres, se limitó a asegurar que el actual Consell «ha actuado con total transparencia», se ha facilitado toda la información requerida y que «hay un proceso judicial en marcha y es la justicia la que tiene que sacar conclusiones por lo que no entramos en hacer valoraciones paralelas».
El presidente insular del PP, Miquel Jerez, evitó pronunciarse en profundidad sobre el auto del juez «hasta no disponer del documento y conocer en profundidad la responsabilidad que se le atribuye a Marí Tur y a Antonio Arabí. «Lo que sí puedo hacer es decir que en el partido tenemos confianza absoluta en los buenos procedimientos, la rectitud y los escrúpulos de Marí Tur», añadió el dirigente popular. «Debe prevalecer la presunción de inocencia y hay que evitar hacer juicios políticos paralelos», concluyó.
El auto resalta que respecto a la denuncia del Grupo Progresista «no consta más trámite que el reenvío a la Conselleria d'Obres Públiques (...) llamando la atención que esta petición se envía al departamento contra el que se pedía incoar el expediente». También apunta, sobre la cancelación del contrato con Posidonia, que «se les acabó despidiendo y todo hace pensar que porque resultaban incómodos».
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