La mansión de Cretu en Santa Agnès, en una imagen aérea de archivo.

LUCIANA AVERSA

La defensa del músico Michel Cretu ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Antoni la reapertura del expediente por responsabilidad patrimonial mediante el cual reclama una indemnización de 18 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por el derribo de su mansión de Santa Agnès.

El abogado del músico rumano, Jaume Roig, explicó que está preparando «la documentación que procede presentar» aunque destacó que ya ha instado al Ayuntamiento a que retome el expediente que fue paralizado en 2004 a la espera de una sentencia firme de demolición.

En este sentido, según Roig, «no es necesario esperar a la finalización del derribo para abrir el expediente». «Espero que seamos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo para evitar al máximo posible continuar con cuestiones de orden contencioso», apuntó el letrado quien destacó, sin embargo, que la cantidad reclamada entonces «se tendrá que revisar, actualizar y adaptar» y que en esta negociación deberán entrar los más de 300.000 euros que costará al Consistorio el derribo de la de la casa Cretu, ya que la defensa insiste en que «no pagará la demolición de una casa que se ha construido con licencia». «Por eso he dicho que depende de la postura que adopte el Ayuntamiento y que haya capacidad para discutir y negociar las cuestiones sin necesidad de acudir a contenciosos, aunque si hay que acudir, tampoco no pasa nada», apuntó Roig.

Asimismo, el letrado indicó que hará un «seguimiento de la actividad que se está desarrollando en la vivienda», haciendo referencia al actual desmantelamiento de los bienes de Cretu incluidos en la estructura de la casa que lleva a cabo la empresa adjudicataria de la demolición, Construcciones y Demoliciones Erri Berri S.L.

En este sentido, cabe destacar que el derribo de la casa se iniciará en los próximos días, aunque aún el Consistorio no ha dado una fecha concreta. Para Roig, con la concreción del derribo se «está consolidando un significativo despropósito».

Por otra parte, con el inicio del mes de mayo llega también la tercera multa al patrimonio personal del alcalde José Sala, quien fue sancionado con mil euros mensuales por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Palma, debido a que, según la sentencia, el Consistorio tenía una plazo de 18 meses que concluyó el pasado 1 de noviembre para derribar la casa.

Con esta multa sumarán ya 3.000 euros de sanción al alcalde, que ha recurrido la decisión de la magistrada que instruye el caso. Aún así, mientras no se termine la demolición, deberá hacer frente a pagos de mil euros mensuales que se intensificarán a 600 euros semanales a partir de julio.

Asimismo, al empresa adjudicataria de las obras de derribo ha puesto como plazo 21 días para completarlo y ya lleva una semana desarrollando el corte de suministro y el desmantelamiento de los bienes.

Según destacaron desde el Consistorio, para iniciar el derribo la empresa está a la espera de la llegada de la maquinaria pesada, que le permitirá derribar la estructura de esta mansión, cuya licencia de construcción fue declarada ilegal por la jueza por haber sido edificada además en una montaña protegida por ley.

Según explicó el abogado Jaume Roig, Michel Cretu mantiene «un servicio de vigilancia para evitar cualquier tipo de expolio o hurto de ciertos elementos son sólo recuperables a través de la propia actuación de demolición».

En este sentido, cabe destacar que el músico ya retiró de la casa la gran mayoría de sus bienes, ante el inicio inminente de las tareas de derribo por parte de la empresa.

Sin embargo, cabe recordar que en varias ocasiones Roig destacó que el desmantelamiento de los bienes incluidos en la estructura de la casa debe llevarse a cabo «con garantías», en el sentido de que ya ha advertido varias veces al Consistorio que no cuidar estos elementos podría significar más perjuicios al patrimonio de su cliente.