El conseller de Programació Econòmica, Tomás Méndez, ha pedido un informe al departamento de tesorería para saber qué supondría para el Consell poder pagar a los proveedores y a las entidades que pidan subvenciones con un plazo de 30 días y no de 60 como ahora. Méndez pidió este informe a raíz de la propuesta de la Comisión Europea de marcar un plazo de 30 días para reducir la morosidad de las administraciones públicas. De lo contrario, la Comisión exigiría el pago de intereses.
«Ahora a las empresas les hace falta liquidez y necesitan que se les pague antes», recordó Méndez, que indicó que el papel del Consell es facilitar también que las empresas y entidades de la isla cuenten con dinero, por lo que ha solicitado este informe para ver si es posible hacerlo ya. La contrapartida es que para poder llevarlo a cabo lo más probable es que se tuviera que ampliar el crédito de la institución, que hace poco ya se aumentó en seis millones de euros, algo que no gustó nada al Partido Popular.
«Esto sería una forma de reactivar la economía y de que las entidades que piden subvenciones puedan pagar al personal», expresó Méndez, que cree que de esta forma se podría evitar que algunas empresas puedan entrar en dificultades.
«Vamos a intentar hacerlo porque ya estamos haciendo un esfuerzo tremendo y a pesar de los problemas de liquidez generales nos estamos empeñando y por eso estamos aumentando las pólizas de crédito», añadió el conseller, que indicó que el Consell d'Eivissa ha tenido problemas de liquidez por los retrasos del Govern balear a la hora de pagar sus obligaciones con la institución ibicenca. «Es verdad que el Govern se ha retrasado más este año y por eso estamos adelantando el dinero con una póliza de crédito que hemos aumentado a nueve millones de euros».
Otro problema es que la Comunidad Europea sólo paga las subvenciones una vez la obra está hecha y por eso ahora el Consell tiene que adelantar el dinero para la construcción de los puntos verdes de reciclaje. De todas formas, Méndez asegura que no se están retrasando en los pagos y que abonan sus deudas con un máximo de 60 días una vez que intervención las haya autorizado. Eso sí, reconoce que se pueden haber producido retrasos puntuales en el pago de algunas subvenciones o facturas de proveedores, pero asegura que no es algo generalizado ni habitual.
De hecho, ahora el Consell ha comenzado a implantar un sistema de control de las facturas para conocer qué pasa con ellas una vez entran en la máxima institución insular, porque algunas quizás estaban demasiado tiempo en los diferentes departamentos antes de pasar a intervención. Este seguimiento se está haciendo ahora de forma informática para contar con un mayor control.
El presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Mariano Riera, explicó que todas las administraciones pagan muy tarde y eso perjudica sobremanera a las empresas, que ahora necesitan liquidez. «Esto nos genera muchas dificultades», explicó Riera, que aseguró que ha trasladado este problema a todas las administraciones. Precisamente, el presidente de la Pimeef se reunió el sábado con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la que hizo llegar esta petición.
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