El Ayuntamiento de Sant Josep mantiene su postura de apoyar la continuidad de los chiringuitos en ses Salines pero bajo la elaboración de planes de adaptación de cada uno de los establecimientos, que deberán prever la eliminación del exceso de volumen construido o el cambio de ubicación si los criterios medio ambientales así lo demandan.
El concejal de Medio Ambiente, Josep Antoni Prats, destacó que el estudio que realiza Demarcación de Costas sobre la solicitud de 13 chiringuitos que buscan ampliar su concesión durante sesenta años «va en la dirección que viene planteando el Ayuntamiento»: «Por un lado pensamos que se debe cumplir el Plan Rector de Usos y Gestión (Prug) de ses Salines y evitar que haya efectos negativos sobre las dunas, pero también que eso debería ser compatible con estas concesiones que tienen unos derechos adquiridos», apuntó el edil.
En este sentido, cabe destacar que la petición de los chiringuitos se basa en una disposición transitoria de la Ley de Costas que permite optar a este permiso por treinta años prorrogables a treinta más, lo cuál inicia un expediente administrativo que podría fijar la permanencia de los locales, siempre que tengan derecho.
Esto es, según la normativa, «que los titulares de espacio de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declaradas de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor a la presente Ley (1988) pasarán a ser titulares de derecho de ocupación y aprovechamiento», abriendo así la puerta a la prórroga.
Esta disposición a la que se han acogido trece chiringuitos del Parque Natural de ses Salines es un vuelco a la situación de dos años atrás cuando la Administración anunció la intención de derruirlos u obligarles a modificar su tamaño.
En este sentido, Prats recordó que entonces el Consistorio entregó a Costas un informe en el que se destaca que si bien los chiringutos «deben mantener pero que es importante que no afecten a la calidad ambiental del espacio». «Por tanto, si deben remodelarse de alguna manera, cambiar de ubicación o reducir los metros, estamos de acuerdo en que se haga», concluyó Prats.
El concejal de Medio Ambiente, Josep Antoni Prats, supone que aunque depende de Costas tanto el estudio como las decisiones, «demandarán en su momento algún informe al Ayuntamiento, por lo que habrá que ver cada caso concreto». Esto mismo hará Costas con las solicitudes ya que, quienes no cumplan con los requisitos, se les aplicará la Ley en el sentido de que deberán trasladarse a instalaciones más adecuadas a la norma, con los metros cuadrados correspondientes o bien se producirá la eliminación,
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