C. Roig02/04/09 0:00
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Después de tres días de juicio el caso ses Torres ya está visto para sentencia. En sus conclusiones finales, la Fiscalía mantiene sus peticiones de multa de 120.000 euros y de inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años para cuatro de los acusados, a los que considera culpables de un delito de prevaricación urbanística.

La fiscal cree que el ex alcalde de Santa Eulària Vicent Guasch, el ex primer teniente de alcalde Vicent Riera, el ex asesor jurídico José María Roig Vich y el aparejador municipal Vicente Marí son culpables de este delito porque siguieron aplicando el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) «a sabiendas de que era ilegal». Sin embargo, no pide ninguna condena para la ex arquitecta municipal Raquel García Palerm ni para el promotor de la urbanización ses Torres, Germán Vázquez, porque considera que la primera emitió un informe desfavorable y no se ha podido probar que el segundo pagara ningún soborno.

Durante sus conclusiones, la representante del ministerio público expuso que el Ayuntamiento de Santa Eulària debería haber dejado «sin efecto» el PDSU tras conocer la sentencia de 1997 que en uno de sus fundamentos jurídicos considera que esta herramienta de planificación urbanística es nula.

La fiscal recuerda también que esta «ilegalidad manifiesta» fue puesta en conocimiento del Ayuntamiento por numerosas denuncias y también por el Consell, que hizo varios requerimientos. «Todos decidieron seguir aplicando el PDSU a sabiendas de que era un acto ilegal», expresó la representante del ministerio público, que considera que la reciente sentencia del TSJB aportada por el acusado Roig Vich en la que se aseguraba que el PDSU no había sido declarado nulo no tiene tanta importancia, porque también lo dice en su parte dispositiva y no en su fallo. «La sentencia no entra a ver si el PDSU es ilegal», recuerda la fiscal, que no tiene dudas de que se han dado permisos en ses Torres pese a la «ilegalidad» del planeamiento y pese a que había informes jurídicos que reconocían la «extralimitación» de esta normativa. Además, recriminó a Vicent Guasch no haber pedido un informe jurídico alternativo al que hizo su entonces asesor, Roig Vich. «Se gastan mucho dinero en fiestas y también podrían haberlo hecho en esto porque se refería a una ilegalidad», cree la fiscal, que solicita la restitución de los terrenos de la urbanización ses Torres a su estado original.

Respecto al ex alcalde, la fiscal explicó que le resulta «incongruente» que llevara en el cargo más de 20 años y no conociera que era ilegal. Respecto al aparejador dijo que un suelo rústico no puede pasar a ser urbano sólo porque esté al lado de un urbano. En cuanto a Roig Vich remarcó que parece que no quería dejar de aplicar el PDSU por una razón de indemnizaciones. «Quizás afectaba a sus intereses económicos».