El Parlament aprobó ayer instar al Gobierno central a aportar 65 millones de euros a diferentes actuaciones en materia de medio ambiente. Todos los grupos del Parlament balear dieron luz verde a una moción presentada por el PP y referida a los convenios firmados o pendientes de firmar entre la Conselleria de Medio Ambiente y el Gobierno.
En el caso de las Pitiüses, los terrenos de compra propuestos por el Parlament son los de ses Feixes en Eivissa y es Ca Marí en Formentera.
La moción contiene cinco puntos e incluye enmiendas del grupo mixto. En concreto, se piden los 15 millones comprometidos este año para la limpieza de torrentes; los 10 millones de la compra de la finca de Planícia (Mallorca) en un plazo de tres meses, y hasta 40 millones para la adquisición esta legislatura de espacios de relevancia ambiental.
La moción insta a que el Gobierno central dedique «hasta 40 millones de euros» durante esta legislatura para adquirir espacios de relevancia ambiental, entre ellos las fincas de ses Feixes y es Ca Marí. Asimismo, demanda al Gobierno central que firme con Balears un convenio que desarrolle el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, especialmente en lo referente a cuatro depuradoras. Por último, pide que este año se haga efectivo el traspaso de la gestión del Parque Nacional de Cabrera.
Puerto de Sant Antoni
Por otro lado, el pleno aprobó ayer por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que se instará al Govern a intervenir en la reordenación de los usos y servicios del puerto de Sant Antoni de Portmany para garantizar su correcto funcionamiento y una mejora de la seguridad.
El parlamentario socialista encargado de defenderla, Joan Boned, remarcó la importancia de realizar esta reordenación debido al incremento de actividad sufrido en el dique ibicenco que ha provocado que hayan aumentado las situaciones con un «alto grado de peligrosidad».
El documento aprobado incorpora una enmienda transaccionada de los populares mediante la que se recoge que la intervención del Ejecutivo autonómico se realizará de acuerdo con el ayuntamiento del municipio, así como con el resto de administraciones que sean competentes en la gestión portuaria terrestre y marítima.
No obstante, el diputado del PP, Josep Juan Cardona, indicó que el puerto de Sant Antoni es «seguro» aunque coincidió en que el incremento de la actividad «hace necesario» una mejor ordenación de éste y de sus usos.
Por su parte, la diputada Marian Suárez, del Grupo Mixto, remarcó que el tráfico local de pasajeros de este puerto se ha multiplicado por seis durante los últimos años, problemática que se incrementa en la época estival.
Así, Suárez mostró su apoyo a la iniciativa aunque incidió en que este plan director no estaría listo para este verano por lo que reclamó la adopción de «alguna medida paliativa» para la temporada alta. Finalmente, Boned destacó que se deben optimizar los recursos para no realizar inversiones «superfluas y que no sean prácticas».
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