El conseller balear de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, aseguró ayer que ningún médico ni enfermera se verán «condicionados por el catalán» para poder trabajar en Balears, en referencia al Decreto que prevé poner en marcha el Govern en el ámbito de la sanidad, ya que «de entrada» no se exigirá a estos profesionales que acrediten el nivel B de esta lengua ni que posean «ningún tipo de titulación» al respecto.

Durante la inauguración de la residencia Son Güells, en Palma, el conseller recordó así que el decreto, que solicitará el nivel B de catalán -frente al C exigido a los funcionarios de la Administración pública-, contiene excepciones para las personas sin conocimientos de esta lengua, a quienes se les ofrecen dos años para que aprendan el idioma. «Nadie impedirá que vengan a las islas y quien diga lo contrario, estará faltando a la verdad», aseveró.

«Balears siempre ha sido una tierra de acogida y lo va a seguir siendo», incidió el titular de Salud, quien subrayó que la lengua en el archipiélago «nunca ha sido un elemento de disputa ni de controversia, como tampoco se está usando ahora contra nadie», en respuesta a las declaraciones efectuadas por la defensora de los usuarios de la sanidad pública de Baleares, María José Rodríguez, que auguró que el decreto puede crear dificultades para conseguir «buenos especialistas».

A este respecto, Thomàs aseveró que las únicas reclamaciones que se han recibido en el ámbito de la sanidad hacen referencia a los pacientes que se han querido expresar en catalán y «se han encontrado con problemas». «Nuestra percepción es que alguien está interesado en que la lengua sea un elemento de confrontación política, pero nosotros no estamos de acuerdo con ese planteamiento», enfatizó.

Respecto a la manifestación convocada por el Sindicato Médico y el Sindicato de Enfermería de Balears para el próximo 1 de abril contra la exigencia de conocimientos del catalán en el ámbito sanitario público, el conseller apuntó que estas entidades «se valen de su derecho a manifestarse», pese a que se trata, dijo, de un derecho que se ejerce «desde el ámbito político y no sindical».

Por último, manifestó, en respuesta a las críticas lanzadas desde el PP, que no conoce ningún caso de especialistas que se hayan marchado de Balears por el catalán, ya que «trabajamos para que tengan las condiciones laborales adecuadas a fin de que se queden».