GUILLERMO ROMANÍ

El conseller de Turisme, Josep Mayans, reconoció ayer que la ley para regularizar plazas turísticas ilegales se hizo sin pensar en la realidad de Formentera y tras señalar que la isla tiene competencias pero no capacidad legislativa aventuró que las plazas aún no regularizadas pueden llegar hasta las 20.000, por lo que «hay que buscar una solución entre sector y propietarios para la gran mayoría de ellos».

Entre las posibilidades estaría la de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y que este tipo de viviendas que se alquilan por menos de quince días formaran parte de la legislación turística. «Hay que poner un 'listón mínimo' y a lo largo de esta legislatura es preciso buscar acuerdos con el Govern para que a través de la iniciativa de Formentera, en función de su especificidad, se dé salida a buena número de estas viviendas al mercado oficial», dijo. Mayans recordó que estas viviendas son básicas para la economía de la isla y que la oferta complementaria «está pensada para 30.000 visitantes en las épocas puntas del verano, no para las menos de 10.000 regularizadas». Al mismo tiempo señaló que esas mismas viviendas «son un importante soporte para la construcción porque fuera de temporada son las responsables de gran numero de mejoras y rehabilitaciones que dan vida a un sector que en estos momentos vive sus horas más bajas».

Mayans anunció ayer que una vez finalizada la inspección de las viviendas que habían solicitado su inclusión dentro del apartado de estancias turísticas, que nada tienen que ver con las viviendas turísticas, para recibir sus acreditaciones de calidad «ha posibilitado que dentro de ordenación turística se haya podido crear por primera vez un registro de viviendas especializadas en Estancias Turísticas, registro ETF, que relaciona un total de 151 viviendas que han obtenido su acreditación de calidad que significan 948 plazas a comercializar a través de canales turísticos y se suman a las aproximadamente 7.600 plazas existentes hasta la fecha».

Mayans dejó claro que las viviendas no incluidas en este listado pueden seguir comercializándose a través de Internet porque es algo no regulado, pero lo que no pueden hacer es comercializarlas a través de canales turísticos ni ofrecer servicios turísticos como por ejemplo la limpieza.

Mayans señaló que durante el período de inspección se han denegado la acreditación de calidad a 37 viviendas con un total de 232 plazas por no reunir los requisitos mínimos. Para el conseller lo más importante es que a partir de ahora se puede garantizar que se trata de viviendas unifamiliares, en ambiente rural y con un máximo de tres viviendas por parcela, sin posibilidad de que estén adosadas y que cada vivienda tendrá un mínimo de 6 plazas y un máximo de 12 plazas, por lo que el Consell «elaborará un folleto específico de viviendas de alojamientos turísticos en el mundo rural, cosa que hasta la fecha no estaba garantizada ya que antes había algunas que se publicitaban como tales pero estaban en núcleos turísticos».