El Parlament convalida el «decreto Nadal» y se prevé que las primeras obras lleguen en octubre

Nadal aseguró que el decreto permitirá ser más eficaces e impulsar las obras, sobre todo en el sector turístico. «Somos una comunidad autónoma pionera en adoptar medidas anticrisis», planteó Nadal. El titular de Turisme cree que en octubre y noviembre los empresarios turísticos comenzarán a remodelar sus establecimientos hoteleros.

Todos los grupos parlamentarios que apoyan al Govern mostraron su apoyo al decreto ley. El portavoz del Bloc, Biel Barceló, recordó que el texto inicial no pudo ser consensuado y se efectuaron cambios.

El diputado del PP Francesc Fiol justificó la urgencia de la medida, pero dijo que el decreto ley plantea algunas dudas, sobre todo urbanísticas. «Hoy se convalidará el decreto ley, pero por otro lado, el Govern ha elaborado una ley del suelo que es muy restrictiva en disciplina urbanística», señaló.

Fiol recordó que el actual Govern criticaba las leyes de acompañamiento de anteriores legislaturas porque, según el conseller Manera, eran un cajón de sastre. «La diferencia es que esto es un decreto ley y lo que ustedes denominan 'cajón de sastre' eran leyes. Hay algunas disposiciones de este decreto que favorecen a personas con nombres y apellidos, pero lo sabremos en su momento».

Agravio comparativo

Por su parte, el diputado ibicenco por el PP Miquel Jerez reiteró el «agravio comparativo» que supone para la Isla el hecho de que el decreto ley «posibilite en Mallorca la ejecución simultánea de obras de urbanización y de edificación, mientras que en Eivissa, a través de la Norma Territorial Cautelar, y a pesar de las reticencias mostradas, no acaba de confirmarse esta posibilidad».

Los primeros ediles del PP en Eivissa ya denunciaron esta situación en la reunión del Consell d'Alcaldes a la que asistieron el president Antich y Xico Tarrés.

Para Jerez, Tarrés «no es el interlocutor que necesitamos en estos momentos» porque, en su opinión, «se cruza de brazos frente a un Govern interesado en proteger los intereses de la isla mayor».

«Lamentamos que el presidente del Consell no haya defendido nuestros intereses y haya renunciado a ser beligerante con una agravio evidente indiscutible», añadió.

En síntesis, el «decreto Nadal» reducirá los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos para todas aquellas inversiones declaradas de interés autonómico. Por lo tanto, se reducen a la mitad los plazos para otorgar licencia y el Govern podrá acordar, también mediante decreto, los supuestos en los que es aplicable el sistema de declaración responsable para el inicio de una determinada actividad económica. Si de las comprobaciones se desprende la falsedad o inexactitud de los datos declarados, se suspenderá la actividad.

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera (Fehif), Juanjo Riera, apuntó ayer que a la patronal le gusta que el 'decreto Nadal' agilice los trámites para hacer obras puesto que «el sector turístico tiene demasiadas trabas para iniciar un proceso de reforma o cualquier simple remodelación, lo que nos impide el incentivar la actividad económica», añadió.

En cambio, los hoteleros de las Pitiüses rechazan el modelo de regularización de plazas que se basa en el incremento de la superficie edificable y que «puede ser un coladero para legalizar habitaciones». La Fehif está pendiente de tener una reunión con el Consell para cerrar el modelo que se seguirá en Eivissa. Los hoteleros proponen un máximo del 5% de las plazas recogidas en la licencia de cada establecimiento y que una comisión examine cada caso.

El pleno del Parlament aprobó instar al Estado a concretar durante 2009 medidas específicas dirigidas a compensar la insularidad así como a desarrollar el Régimen Especial de Balears, además de aprobar un plan específico de transporte aéreo que contemple la rebaja de las tasas aeronáuticas y garantice la conectividad de las Islas menores con la Península, una tarifa reducida y el descuento aéreo para los extracomunitarios.

También recibió el visto bueno la propuesta para instar al Gobierno central a que vele por que en el futuro modelo de financiación se garantice el carácter prioritario del criterio problacional y que Balears se situará en la media estatal, además de tenerse en cuenta el criterio de la insularidad.

También se acordó pedir que se cambie la decisión por la que quedan excluidos los aeropuertos de las islas del sistema de cogestión aeroportuaria.