El Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Palma de Mallorca ha notificado al Ayuntamiento de Sant Antoni que en tanto no se proceda a la demolición de casa de Michel Cretu en Santa Agnès el alcalde de Sant Antoni, José Sala, deberá pagar un multa de mil euros mensuales a partir del 1 de marzo y hasta el 1 de julio de 2009 con cargo a su patrimonio personal, una sanción que se intensificará a 600 euros semanales a partir de julio hasta que finalice la ejecución de sentencia de derribo de la mansión.
El auto del Juzgado exige a Sala el abono de la suma de los mil euros correspondientes al primer mes «en un plazo de diez días a partir del requerimiento efectuado» bajo «apercibimiento de embargo en bienes y rentas de su propiedad» en caso de no hacerlo. Asimismo, la jueza responsable el caso, Irene Truyols Cantallops, advierte de que si no está cumplida la sentencia de derribo el próximo 1 de julio «se podrá expedir testimonio de particulares» contra el alcalde «por un presunto delito de desobediencia a la autoridad».
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha querido manifestarse en cuanto a este auto para afirmar mediante un escrito que si la demolición aún no ha sido ejecutada se debe «única y exclusivamente a la actitud renuente de la propiedad y las múltiples incidencias técnicas y jurídicas que han tenido lugar a lo largo del proceso». En este sentido, el Consistorio, que recibió ayer el auto del juez, destaca que tres días antes, el pasado 17 de febrero, «solicitó la correspondiente autorización judicial de entrada en el domicilio para que los servicios técnicos municipales y el personal perteneciente a la empresa que tiene adjudicadas las obras de demolición inicien las actuaciones necesarias para la ejecución de la misma». «¿Qué se pretende?, ¿que entremos sin autorización judicial para que de esta forma puedan acusarnos de allanamiento de morada?», continúa el comunicado municipal.
Este auto del juzgado llega después de que el Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN-GOB) haya solicitado que se tomen las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la sentencia de derribo, cuyo plazo fue de 18 meses y finalizó el pasado 1 de noviembre. Al respecto, el auto indica que el tiempo máximo para la ejecución del derribo «ha transcurrido con creces» y que ya se había advertido «de las consecuencias que la falta de cumplimiento de esos plazos supondría para el alcalde del Ayuntamiento como responsable de la ejecución de la sentencia».
Por su parte, el Consistorio ha querido recordar que éste es «un caso pionero y sin antecedentes que contribuyan a resolver los continuos y sucesivos problemas y cuestiones que se plantean, y que tampoco ha resuelto el juzgado». Asimismo, recuerda también que a día de hoy aún no saben «cómo actuar respecto al mobiliario y los enseres que, según el propietario, están en la casa objeto de demolición y de los que responsabiliza al Ayuntamiento».
Según el teniente de alcalde, Joan Pantaeloni, José Sala recurrirá el auto judicial.
«No entendemos exactamente a qué viene este auto cuando nosotros solicitamos entrar al domicilio para iniciar las labores de derribo», insistió el teniente de alcalde, Joan Pantaleoni, para quien el hecho de que el auto se haya dictado un día después (18 de frebrero) de que dieron entrada a la solicitud de autorización para comenzar el derribo «supone una disfunción entre juzgados, porque la solicitud se envió al Decanato pero con copia al Juzgado que lleva el caso». Asimismo, destacó que «un ayuntamiento pequeño como el nuestro tampoco tiene todos los medios que nos gustaría para ser más ágiles». «En el fondo, de 18 meses que teníamos hemos tardado 21. No lo veo tan exagerado si lo comparamos con otras actuaciones que se dan en la administración pública», concluyó.
«Queremos agradecer al GEN-GOB su ensañamiento y sectarios esfuerzos encaminados a perjudicar personalmente y sin duda también políticamente a Don José Sala Torres», manifiesta el escrito municipal, que ha acusado al grupo ecologista de «mentir conscientemente» a la jueza «cuando dicen que 'el Ayuntamiento, siguiendo el juego al señor Cretu, le concede plazo para que saque los muebles antes de demoler». «Suponemos que ellos arrasarían con todo sin importarles las consecuencias. ¡Claro, paga el pueblo de Sant Antoni!», continúa el comunicado que destaca que el GEN además pide «sanciones coercitivas con cargo a su patrimonio personal, cuando bien saben que el proceso encaminado a la demolición está en marcha y si se produce algún retraso no es imputable a al conducta del Sr. Sala Torres».
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