G. Romaní14/02/09 0:00
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Francisco Mayans, propietario de parte del solar de Ca ses Castellones que se opuso al derribo de la antigua casa payesa y a la construcción de los locales comerciales, se mostró ayer cauto ante la posibilidad de que el arquitecto Salvador Roig, que a título particular obtuvo hace unos días una sentencia favorable en el TSJ que declaraba nula la licencia urbanística, haga valer los derechos que del fallo se desprenden de exigir la demolición de los locales a tenor del apartado c del fallo, que dice «declarar que procede la reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras al amparo de la licencia anulada».

Mayans, que tiene un litigio contra otro familiar detentor de la otra parte de la propiedad y administrador de la promotora por el que solicita la nulidad de la licencia ya que se invaden terrenos suyos, fue conciso y dijo que «debe acatarse los que digan las autoridades judiciales competentes». En cuanto a la posibilidad de que Roig solicite la ejecución de la sentencia señaló: «Me parece lógico que si ha ganado el recurso y ello implica la demolición, no es extraño que solicite la ejecución de dicha sentencia».

No obstante Mayans indicó que «el Consell de Formentera debe actuar y debe hacerlo en la dirección de defender los intereses de la primera institución de la isla», pero, como dijo días atrás Roig, «el Consell debe velar por el interés general».

Por su parte, Salvador Roig confesó que aunque se siente tentado a exigir la ejecución inmediata de la demolición: «Me lo he de pensar; puedo pedirlo porque la sentencia lo deja claro y creo que lo haré, pero aún no he tomado la última decisión». Preguntado por si la sentencia afecta a otros contenciosos pendientes de resolución sobre el caso, Roig dijo que aunque no le afectaban, confiaba en que «la sentencia siente jurisprudencia» y que los tribunales que juzgan los otros contenciosos actúen acordes con la del TSJ.

Los datos que se van conociendo apuntan a que hubo problemas en la propiedad del solar, un litigio familiar, no se observaron aspecto de las Ley de Patrimonio ni de las NNSS y que a la hora de planificar unos edificios estrictamente comerciales, tampoco se atendió a la normativa vigente; asimismo los servicios técnicos y jurídicos del entonces Ayuntamiento de Formentera, parece que no hilaron fino con las consecuencias que ahora se derivan tras cuatro años de la demolición de Ca ses Castellones y el comienzo de las obras. No obstante si la promotora acudiera a Madrid mediante recurso de casación, que debería estar muy bien argumentado para que se aceptara, en ese supuesto el caso se podría prolongar dos o tres años más.