G. Romaní13/02/09 0:00
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El bufete de abogados Gómez y Ferrer, que ha defendido los recursos presentados por Salvador Roig a la construcción de los locales comerciales de Ca ses Castellones, ha desmentido las afirmaciones hechas por el ex alcalde Isidor Torres en cuanto tras la moción de censura de 2005, habría solicitado medidas cautelares para evitar la demolición de la antigua casa payesa situada en el centro de Sant Ferran. «El Ayuntamiento de Formentera no pidió una medida cautelar al llegar a la alcaldía Isidor Torres, la pidió un particular -dijo su representante legal en el caso, Maite Ferrer-, y se concedió inaudita parte, sin dar audiencia al Ayuntamiento ni a la promotora».

La abogada Maite Ferrer indicó ayer que había representado igualmente a Andrea Corachán, en un recurso contencioso administrativo que presentó a título personal a finales de mayo de 2005 contra la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento a la entidad Plaça Sant Ferran S.L. para la realización de obras consistentes en demolición de casa payesa y otras edificaciones. Según Ferrer, tal como figura en el auto de 30 de septiembre, «en caso de circunstancias de especial urgencia que concurran en el caso, el Juez o Tribunal, adoptará la medida sin oír a la parte contraria». Al mismo tiempo la sentencia convocaba a las partes el 4 de octubre para escuchar sus razonamientos a fin de levantar, mantener o modificar la medida adoptada.

Para Maite Ferrer si bien el recurso se presentó justo después de la moción de censura, la licencia de demolición y obra era anterior a la misma, cuando las partes fueron escuchadas en octubre, Isidor Torres ya llevaba meses en la alcaldía y en la comparecencia «y eso lo deja claro la sentencia, 'el Ayuntamiento adujo no oponerse a esa petición formulada por la parte recurrente', ni interpuso registro de súplica en el plazo de los cinco días a contar de la notificación del fallo, sólo Andrea Corachán siguió solicitando el mantenimiento de las medidas cautelares, y sólo si el Ayuntamiento hubiera seguido en esa línea hubiera habido más posibilidades de que la suspensión cautelar se hubiera mantenido». Explicó además la abogada de Andrea Corachán que «el Ayuntamiento no hizo nada, no se opuso ni abogó por nada».

Recursos

Por otro lado la representante del bufete Gómez y Ferrer niega las declaraciones de Torres señalando su interés proteccionista «casa mal con el hecho de que se presentaron como mínimo media docena de recursos de reposición, en mayo de 2005 por particulares solicitando al Ayuntamiento que se revocara la licencia de demolición y obras y estos recursos no tuvieran respuesta municipal». En este sentido Maite Ferrer subrayó que a finales de septiembre ante la inminencia del fin de la temporada turística, con la reactivación de la actividad constructora «se tuvo que solicitar un certificado de silencio administrativo porque el Ayuntamiento que Torres dirigía, no había contestado los recursos y gracias al silencio administrativo pudo ponerse un recurso contencioso por denegación presunta de recurso de reposición».

Para Ferrer, el Ayuntamiento, cuando lo presidía Isidor Torres no actuó en ningún momento «ni para solicitar medidas cautelares ni a la hora de contestar los recursos de reposición que probablemente les hubiera facultado a parar la demolición de Ca ses Castellones».