La Guardia Civil investiga si las personas que estaban a cargo de la guardería ilegal clausurada hace dos días en Santa Eulària incurrieron en un delito de intrusismo profesional por realizar un trabajo para el que no tienen titulación oficial. Una investigación buscará determinar si las personas implicadas deberán responder ante algún tipo de responsabilidad penal.
Según ha podido saber este periódico, la Guardia Civil ha citado a declarar a la presunta directora, a la responsable y algún trabajador más de este centro infantil, que funcionaba en una casa campo y que, según el Ayuntamiento de Santa Eulària, lo hacía sin ningún tipo de licencia, permisos o medidas de seguridad.
En este sentido, tanto la presunta directora como las otras personas relacionadas con el centro declararon que esta casa no era una guardería ilegal sino un punto de encuentro donde madres y niños iban a relacionarse, y que no recibían ninguna remuneración a cambio sino dinero a la voluntad para compras como la merienda.
Por otra parte, ayer venció el plazo de 48 horas que tenía guardería para ser clausurada después de que el Ayuntamiento de Santa Eulària decretara el cierre el pasado miércoles.
Los propietarios de la casa cerraron el centro 24 horas después de este decreto, pero que, aún así, el Consistorio volvió a confirmar ayer su cierre tras la visita de un celador municipal.
El caso de esta presunta guardería ilegal salió a la luz por la denuncia de una madre que llevaba a su niño a este centro desde hace un año y que decidió denunciarlo cuando el marido de una de las personas de la guardería encontró a su hijo de tres años a 20 metros de la carretera. En su denuncia, la madre aseguró que allí se cuidaban hasta nueve niños y que se pagaba entre 250 y 450 euros, según los horarios.
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