El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos Torres, ha citado a declarar como imputado al que era aparejador municipal de Sant Antoni cuando se construyó la mansión ilegal de Michel Cretu. Según explicaron desde el grupo ecologista GEN, este técnico certificó que la casa se construía según licencia y, aunque en un principio emitió informes negativos para su edificación, sus últimos informes fueron positivos.
El aparejador Miquel Àngel Martín Miralles estaba citado ayer a declarar como testigo, aunque Fiscalía había pedido repetidamente la imputación de los técnicos del Ayuntamiento que participaron en la concesión de la licencia al músico rumano en la cima de un monte de Santa Agnès. Por eso, el juez decidió ayer suspender su declaración y citarlo para el próximo 19 de febrero para que pueda acudir acompañado de un abogado.
Durante la mañana de ayer también declaró como testigo el primer agente forestal que denunció las obras de Cretu, en abril de 1995. El agente explicó que en una inspección comprobó que se habían talado un gran número de árboles sin contar con licencia para ello, por lo que procedió a denunciarlo. También hizo un informe para la Comisión Insular de Urbanismo, en el que alertó de que allí no se podía edificar porque era zona protegida como Àrea Natural de Especial Interés (ANEI), estaba afectada por la ley de costas y era la cima de un monte.
También testificaron ante el juez como testigos un periodista especializado en el tema y la integrante del grupo ecologista GEN Neus Prats. Prats explicó que durante años presentaron escritos denunciando la ilegalidad de las obras ante las autoridades sin obtener respuesta. «El Ayuntamiento hizo caso omiso hasta después de cuatro años, cuando nos contestó que las obras estaban amparadas en licencia y se ajustaban a ella», explicó ayer Prats, que indicó que la simple lectura de la Ley de Espacios Naturales (LEN) desvela que no se puede construir en las cimas de las zonas ANEI. La ecologista indicó que hay que aclarar por qué el Ayuntamiento de Sant Antoni, teniendo conocimiento «de una ilegalidad flagrante y muy grave, no hizo nada y puso todos los esfuerzos del Ayuntamiento para ampararla». «Hay que ver quién es el responable y por qué se hizo», remarcó Prats. En este caso están imputados, entre otros, el ex alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, Botja, y la ex concejala de Urbanisme Blanca Castiella.
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