S. Parra18/12/08 0:00
TW0

Los votos del equipo de Gobierno le permitieron aprobar ayer el rescate del uso de la torre 2 del edificio Cetis, una operación que supondrá solicitar un crédito por 6,2 millones, motivo por el cual el PP lo rechazó al considerar que hipoteca el futuro de la institución. La idoneidad o no de esta solución centró el debate de este punto y de buena parte del que trataba sobre la aprobación de los presupuestos del Consistorio, que fueron igualmente sacados adelante sin el apoyo de la oposición.

Críticas por la falta de contención del gasto en la Administración Durante el pleno, el PP acusó al equipo de Gobierno de falta de austeridad en sus cuentas, incrementando el gasto de personal y los gastos de funcionamiento. «Han estado mal acostumbrados durante cuatro años y ahora ni saben ni quieren ajustarse el cinturón», acusó Virtudes Marí, quién lamentó la oportunidad perdida de actuar para «dar apoyo a las familias, a las empresas y crear trabajo».Pizarro: «Recurrir a un Plan de Estabilidad no es un drama» Marí lamentó que el Ayuntamiento tenga que elaborar un Plan de Estabilidad, un documento de cuya viabilidad la líder del PP dudó. Como respuesta, Pizarro remarcó que tiene tres meses para presentarlo y que «hacer un Plan de Estabilidad no es un drama». «No somos los primeros, ni siquiera en esta Isla, que tenemos la obligación de hacerlo», añadió.Discrepancias sobre la necesidad de más personal municipal. Fuera de los presupuestos, el pleno de ayer incluía tres puntos relacionados con la plantilla municipal. La revisión de las fichas laborales (lo que se traduce en mejoras salariales) fue rechazada por el PP por su supuesta arbitrariedad, mientras que en el caso de la creación de 14 plazas, los populares sólo apoyaron las cinco destinadas a Servicios Sociales.

El edil de Hacienda, Santiago Pizarro, reiteró que la elección de la compra de los derechos de uso del edificio de la nueva estación de autobuses (al que se trasladará la Policía Local, los servicios económicos y la atención al ciudadano), «es una decisión tomada tras comparar ambas opciones, un análisis del que se deduce que es más interesante comprar que alquilar», explicó.

Según estos cálculos, que incluyen varias combinaciones, el rescate de las instalaciones tendría un coste que rondaría los 9,5 millones de euros, que se desglosarían en los 6,2 millones del principal del crédito solicitado para pagar a Imvisa (que tiene la concesión de la gestión del espacio) y el resto correspondería a los intereses durante 20 años y con un tipo de interés fijo del 4,5%.

En el caso del alquiler «cualquier combinación no bajaría de los 24 millones de euros», explicó Pizarro. Esta cifra resultaría de la aplicación del alquiler anual al que se le aplican, en la proyección manejada por Vila, incrementos anuales de entre el 3% y el 4%, correspondientes a un incremento del IPC moderado.

Coste real y añadidos

Por su parte, la líder de la oposición, Virtudes Marí, denunció la falta de informes jurídicos y técnicos que avalen la actuación, además de apuntar que el contrato inicial preveía una cláusula por la que el 31 de diciembre de este año se podía resolver el acuerdo si no se habían entregado las instalaciones.

En su intervención, la portavoz del PP aseguró que la compra de la torre 2 se hará con una tasa de 1.625 euros el metro cuadrado «cuando el informe sobre el coste material de la obra dice que son 600 euros». «Hay honorarios del personal y el beneficio del constructor que nos parece bien y que podría situar el precio en 834 euros», añadió Marí, que incluyó otros 247 euros más como acabados y equipamientos. «Pero las exigencias de última hora del Ayuntamiento lo han convertido en 556 euros», criticó.

Pizarro justificó la legalidad de las cuentas realizadas, «con un precio equivalente al acordado en 2006, cuando se decidió el rescate», y aseguró que los incrementos en los equipamientos «han sido aprobados por especialistas del Ayuntamiento y son cosas sensatas en previsión de que pasen muchos años de servicio a los ciudadanos y haya que adaptar las oficinas».

El presupuesto de 57,6 millones fue aprobado con los votos del grupo PSOE-ExC. El PP no lo apoyó al considerar que no recortan el gasto, ni refuerza las inversiones sociales y que está lastrado por el incremento del crédito. Virtudes Marí, la líder del PP, aseguró que la deuda acumulada no será de 23 millones, sino de 44,6 millones si se incluyen los consorcios e Imvisa. Por su parte, Pizarro afirmó que la situación actual de la deuda equivale a que una familia tuviera que pagar al año 66 euros por cada 1.000 euros de su deuda.