La ley del badén

Hasta este momento no había una legislación específica, a nivel nacional, que regulara este tipo de elementos en la calzada. Por esta razón muchos ayuntamientos los habían instalado sin una norma unificadora. En el caso de Eivissa, desde hace unos años sorprenden a peatones y sobre todo a conductores estos «guardias dormidos», algunos de ellos de llamativas dimensiones, como podrían ser los casos de los de la avenida 8 d'Agost, el de la curva del colegio Can Cantó o ya en Santa Eulària los recientes de la avenida de Cap Martinet.

El concejal de Movilidad del ayuntamiento de Eivissa, Joan Rubio, informó de que cuando hiceron los pasos de la avenida 8 d'Agost estuvieron «mirando si había alguna normativa, pero no la había, aunque sí alguna sugerencia de cómo hacerlo, y la mayoría nos regimos en función de esa sugerencia».

En cuanto a la entrada en vigor de esta nueva normativa, Joan Rubio consideró que «es una norma que ha hecho el Ministerio de Fomento para carreteras, no para calles, con lo cual todos los que hay en el casco urbano de Vila estarían fuera de esta jurisdicción». Rubio además se mostró contento «de que haya una normativa por la que regirse ahora y para que exista un estándar».

Sin embargo, desde Automovilistas Europeos Asociados, su presidente, Mario Arnaldo, discrepó con la interpretación de la nueva ley que hacía Joan Rubio. Arnaldo consideró que la normativa de Fomento «afecta absolutamente a las calles de los municipios». Explicó, además, que «es necesario no realizar una interpretación simplista del nuevo texto», sino que la clave está en el articulo 5 del Reglamento General de Circulación, «que convierte en obstáculos prohibidos los resaltos en pasos de peatones y las bandas transversales que no cumplan la normativa básica del Ministerio de Fomento». El presidente de esta asociacion entiende que esta norma «es una orden emanada del Gobierno y tiene competencia exclusiva en todo el territorio nacional en materia de seguridad vial», con lo que añadió que «es una ley que está por encima de la nueva de Fomento y se complementa con ella».

En cuanto al periodo que tendrían los ayuntamientos para que los reductores de seguridad ya instalados cumplan la nueva normativa vigente, Mario Arnaldo considera que los que dependen directamente de los ayuntamientos «no tendrían un periodo de adaptación, habría que corregirlos de modo inmediato, siendo los instalados en las carreteras del Ministerio de Fomento los que contarían con hasta dos años para adaptarse a la nueva norma».

Arnaldo recordó, que «igual que los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir la ley, los ayuntamientos también la tiene y añadió, «que si no cumplen la ley, además de estar incurriendo en una irresponsabilidad, se les pueden poner multas, que según la ley de seguridad vial, las sanciones podrían ser de hasta 1.500 euros». Incluso consideró, « que se le podría aplicar el Código Penal, por la incursión de obstáculos en la ciudad».

El presidente de los Automovilistas Europeos Asociados quiso recordar que esta agrupación lleva más de siete años reclamando a Fomento la elaboración de esta normativa para acabar con la situación de «alegalidad» que existía en ese país con respecto a la instalación de los reductores de velocidad cada vez más frecuentes en calles y carreteras, «y muchos de ellos incompatibles con la seguridad de los vehículos e incluso de los conductores».

Por su parte, el concejal de Vila, Joan Rubio quiso destacar que están teniendo solicitudes de zonas que quieren más reductores de velocidad, habló de «bastantes zonas piden más [guardias dormidos]. Rubio explicó «que hay calles donde puedes coger más velocidad si eres algo irresponsable que están muy pobladas, con niños, gente que pasea, y aquí se solicitan.

En cuanto a las zonas que han solicitado más reductores de velocidad Rubio desveló que eran el barrio de ses Figueretes o Cas Serres, delante del cementerio viejo.