El ex conseller de Comerç, Industria i Energia Josep Juan Cardona, imputado en el 'caso Scala', la supuesta red de corrupción en el Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) en la anterior legislatura, ordenó poner la coletilla «a propuesta de la señora Ordinas» (ex gerente de ese organismo y que se encuentra en prisión) a todos los documentos que firmaba.
Una funcionaria, María del Carmen Muñoz Adrover, que se encargaba de hacer llegar los expedientes al ex conseller, declaró ayer ante la juez que instruye la causa, Piedad Marín, que el propio Cardona «quería expresamente» que esa coletilla apareciera «siempre», según él mismo le dijo en una ocasión.
La funcionaria, otra compañera suya, Josefina Linares, y el ex gerente del Instituto de Desarrollo Industrial (IDI) Francisco Aguiló Serra, declararon ayer en calidad de testigos en una vista a la que asistieron los abogados personados (Isabel Fluxá sustituyó a Josep de Luis) y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, aunque éste tuvo que ausentarse para participar en la inspección realizada al Palma Arena.
Sobre Cardona
Carmen Muñoz explicó que «ignoraba» si Cardona miraba, o no, lo que firmaba, aunque si recordó con exactitud que en una ocasión le devolvió varios documentos con la nota manuscrita, escrita a bolígrafo, «a propuesta de la gerente, señora Ordinas».
Asimismo, le preguntaron por Isabel Rosselló, esposa de Ordinas, y también en prisión, al igual que el ex director de Promoción Industrial Kurt Viaene, y respondió que iba «bastante» por el CDEIB, pero que ignoraba que fuese pareja de la ex gerente.
Francisco Aguiló, por su parte, ex gerente del IDI, tuvo que responder a preguntas sobre la mecánica que se seguía en las transferencias de dinero entre el IDI y el CDEIB, que presidían Kurt Viaene y Josep Juan Cardona, respectivamente. Explicó que en cinco de los convenios en los que participaron ambos organismos, el IDI transfirió un millón de euros al CDEIB, y «supone» que esa cantidad tiene que estar reflejada en la contabilidad. Admitió que tenía firma en las cuentas del IDI, al igual que Viaene, ya que era necesario que los documentos llevaran ambas rúbricas.
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