Los estatutos del consorcio de reconversión que deberá negociar las indemnizaciones para los afectados de Benirràs y Roca Llisa establecen que el organismo se financiará gracias a las aportaciones de sus miembros, a los rendimientos de las actividades que pueda desempeñar el consorcio, a las subvenciones y los convenios con empresas públicas o privadas.
Por ahora los integrantes son sólo el Consell, el Govern y el Ayuntamiento de Sant Josep. Los consistorios de Sant Joan y Santa Eulària, pese a ser los principales afectados, no han querido participar porque, entre otras cosas, sospechaban que tendrían que aportar dinero. De todas formas, el conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, siempre ha dicho que quien pagaría sería el Govern. Sin embargo, los estautos dicen qeu cada una de las instituciones participantes deben decir cada año el dinero que aportarán.
Los estatutos aparecieron ayer en el BOIB y los ciudadanos y entidades que lo deseen pueden presentar alegaciones. Este consorcio deberá negociar los traslados de edificabilidad para los propietarios afectados o las posibles indemnizaciones que deberán percibir al convertirse sus terrenos en inedificables. El consorcio tendrá plena capacidad jurídica para adquirir, gravar o vender bienes de toda clase, además de ejecutar acciones civiles, administrativas y penales. Está previsto elaborar un estudio económico y financiero de cada zona afectada y proponer medidas compensatorias para aquellos que hayan perdido la posibilidad de construir.
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