Las obras del edificio Torre Can Ventosa se retrasan por problemas financieros de la empresa

Así lo explicaron desde el Ayuntamiento de Eivissa, aunque señalaron que la empresa aún no ha superado el plazo permitido para mantener cerradas las calles Carles V, Felip II y un tramo de Pere Francés, a pesar de haber pasado ya casi dos años y medio desde que comenzó la edificación. «Sabemos que causa molestias a los vecinos y a los usuarios de Can Ventosa», reconocieron desde el Consistorio, aunque señalaron que la constructora aún tiene permiso para ocupar la vía pública y así continuará mientras dure la licencia de construcción.

Desde el Consistorio remarcaron también que el bache económico fue superado y que las obras se retomaron desde hace unos días, aunque no precisaron cuándo culminarán los trabajos y se abrirán las calles.

La promotora de este edificio, Torre Can Ventosa, es la sociedad limitada Eivissa W24, mientras que su construcción corre a cargo de Fatecsa Obras.

En 2006 se firmó un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa mediante el cuál la estructura del edificio se debía modificar para que su imagen no imperara sobre la avenida Ignasi Wallis. En este sentido, el Ayuntamiento solicitó que la estructura despejara mediante una forma triangular la esquina comprendida entre la avenida y Felipe II para que la visual desde Ignasi Wallis desembocara en el centro cultural Can Ventosa. A cambio, la constructora solicitó ocupar el subsuelo para construir un aparcamiento subterráneo y en esta misma negociación el Ayuntamiento consiguió que la mitad de las plazas, un centenar, fueran aparcamientos públicos.

De este convenio surge también el permiso de utilizar el dominio público, según el Consistorio, con el fin de lograr más aparcamientos para la ciudad.

La nueva ordenanza municipal de ocupación de vía pública por parte de empresas entró en vigor el pasado 1 de enero y establece que las empresas deberán pagar dos euros por metro cuadrado y hora. Hace meses, el grupo de la oposición criticó que a esta constructora no se le aplicara la norma que, según aseguraron los populares en su momento, supondría una suma de casi cinco millones de euros.