L. A.07/11/08 0:00
TW0

La defensa de Michel Cretu ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Antoni un aplazamiento de seis meses para el desalojo de la mansión mediante un escrito que está siendo estudiado por los servicios jurídicos del Consistorio y que, previsiblemente, tendrá como destino final el juzgado.

Ésta ha sido la respuesta del abogado Jaume Roig al escrito de desalojo enviado por el Consistorio, y tiene como principal argumento la residencia de dos familias con hijos menores en la casa Cretu, que no tienen otro lugar donde realojarse. «No tienen vivienda alternativa y de la noche a la mañana no se puede poner a dos familias de patitas a la calle», apuntó Roig, quien destacó un motivo más para retrasar el desalojo, como «la necesidad de conocer cuál es el procedimiento técnico previsto para la demolición» debido a que, según explicó, «el propio desmontaje de ciertos elementos que obviamente hay que recuperar requiere de la misma tecnología que se utilizó para el montaje». «No se puede llegar con una pala para que se lo lleve todo por delante y no conocemos que aquí, en Eivissa, haya gente capacitada para desarrollar esta actividad», apuntó.

Otra de las cuestiones que para la defensa de Cretu no está clara con respecto al desalojo es qué se hará con «todo el mobiliario, el gran volumen de enseres y de elementos con valor muy significativo» que contiene la mansión. «No en vano la compañía de seguros habla de que es la casa más cara de España, por lo que no se pueden tirar a la calle, porque el que lo haga va a crear un perjuicio del que después tendrá que responder», aseguró.

El abogado afirmó también que no será el músico Michel Cretu quien encargue de sacar sus enseres o salvar los bienes y elementos que sean recuperables antes de que se haga efectiva la demolición ya que, según destacó, «no se puede exigir que lo haga alguien que no tiene la capacidad y que no ha sido condenado a hacerlo».

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni señaló que su proyecto de derribo no contempla la desmantelamiento de los elementos tecnológicos que pueda contener la casa ni de los valiosos bienes que pueda albergar en su interior. «El propietario lo tendrá que salvar, porque una cosa es el inmueble y otra cosa lo que hay dentro», apuntó una fuente del Consistorio.