El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, respondió a las críticas hechas por vecinos de Santa Gertrudis sobre las nuevas normas subsidiarias y destacó que las mismas «ejecutan la voluntad de todos los colectivos» del pueblo. En este sentido, Marí recordó que la parcela de 15.000 metros que se propone para el nuevo campo de fútbol fue elegida mediante un concurso de ideas: «Tanto la asociación de vecinos, como el club de fútbol, arquitectos, y el jurado la señalaron como la mejor opción. Y las normas lo han recogido así, no es una cuestión caprichosa», apuntó el alcalde, después de que vecinos se quejaran porque, a cambio de poder contar con esta parcela, se propone al propietario la posibilidad de edificar una veintena de viviendas en el actual campo de fútbol.

Según explicó el alcalde, el Ayuntamiento intentó comprar los terrenos pero no fue posible, por lo que ofreció al propietario este aprovechamiento urbanístico que supone unos 3.000 metros cuadrados, la mitad del actual campo de fútbol. Mientras, «la otra mitad queda como zona verde y para hacer el centro cívico», agregó.

Marí también respondió a las críticas por cambiar un terreno rústico por otro, mucho menor, pero urbano, y explicó que los terrenos que se proponen para las nuevas instalaciones deportivas «están en área de transición, lo que significa que son rústicos pero susceptibles de ser urbanos en un futuro», una clasificación recogida en el Pla Territorial Insular (PTI).

Para Marí, la posibilidad de expropiar «sería un absurdo contando con un terreno municipal de 30.0000 metros cuadrados al otro lado de la carretera comprada especialmente para instalaciones deportivas». Por ello, recordó que los vecinos no quisieron que el campo estuviera allí y que, como consecuencia, se hizo una «unidad de actuación con unos beneficios y unas cargas». Para concluir, Marí señaló que «si hay un rechazo popular por esto, se cambia y se pone el campo de fútbol en el terreno municipal, al otro lado de la carretera».

El grupo PSO-ExC asegura que esta permuta es una «operación especulativa que generará una gran plusvalía para un ex regidor y miembro destacado del Partido Popular», que es el propietario de los terrenos en los que se ubicará el futuro campo de fútbol. Por ello, la oposición acusa al equipo de gobierno de «falta de ética para favorecer a miembros destacados del PP».