Tarrés deberá responder ante el juez como imputado en el caso Eivissa Centre

Espinosa llama a declarar a Tarrés porque, aunque es diputado del Parlament balear y debería hacerlo por su condición de aforado en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), el juez todavía no ve indicios sólidos de delito. Eso sí, le llama como imputado porque puede quedar duda sobre su implicación y por ello no debe ser oído como testigo «para no conculcar sus derechos». Como imputado no está obligado a decir la verdad y puede salvaguardar sus derechos, lo que tampoco implica su posterior inculpación.

Caso Cardona

En el auto, el magistrado cita el caso del presidente del PP Josep Juan Cardona, quien declaró recientemente en un juzgado de Palma por el caso Ordinas siendo también diputado. De todas formas, el juez advierte de que si se reunieran pruebas inculpatorias suficientes hacia Tarrés sí que debería trasladarse al TSJB, porque un juez de instrucción no tiene autoridad ni para decretar prisión ni para dictar auto de procesamiento en su contra.

El fiscal ya pidió en su día la declaración de Tarrés por haber sido el presidente del consejo de administración de Itusa, la empresa mixta que impulsó el proyecto Eivissa Centre. «Su participación en el proyecto Eivissa Centre y su conocimiento, en su caso, del pago de comisiones, no es en absoluto descartable», señalaron desde Fiscalía. De hecho, el juez también ha citado como imputados al resto de integrantes del consejo de administración de Itusa, como son el miembro de la empresa Bruesa José A. Maturana, que deberá declarar el 2 de febrero, y el concejal del PP Jaime Díaz de Entresotos.

El anterior abogado de Roque López, Luis Romero, había solicitado al juez que se inhibiera en favor del Tribunal Superior de Justicia para que se le pudiera tomar declaración a Tarrés como imputado en el órgano superior. Sin embargo, el nuevo letrado de López, Andrés Tuells, anunció esta semana que pediría precisamente lo contrario: que se le cite aquí teniendo en cuenta los precedentes de los también parlamentarios baleares Tomeu Vicens (UM) y Josep Juan Cardona (PP).

En el auto del magistrado también se desestima un recurso de reforma presentado por el PP contra la decisión del juez de no permitirles personarse en el proceso. La defensa del PSOE en este caso había solicitado la impugnación de este recurso. El magistrado recuerda que en la querella de Roque López se denuncia que las comisiones iban también para el PP. «El juez no puede hacer oídos sordos cuando por la querella es conocedor de un delito», explica el auto. Además, el magistrado recuerda que el concejal del PP Jaime Díaz de Entresotos está imputado y pertenece al PP, por lo que cabe la posibilidad de que la situación jurídica de dicho partido fuera, en un futuro, la de «responsable civil subsidiario», lo que es incompatible con la querella que presentó el PP y con la que quería personarse en el caso.

Por otro lado se remitirá a la Audiencia Provincial para que resuelva si Roque López debe declarar como imputado por la querella que presentó el ex secretario de Organización del PSOE José Blanco.

Asimismo, se admite un recurso de reforma interpuesto por la defensa del PSOE por la decisión del juez de aceptar las nuevas grabaciones aportadas por López.

Más declaraciones

El socialista Juan Navarro, que no compareció para declarar en una anterior cita porque no había sido notificado, tendrá que acudir como testigo el 19 de enero. Ese mismo día están citados los también socialistas Julián Calderón y Laura Carrascosa, también como testigos.

Por otro lado, se informa de que el juez ya tiene en sus manos los expedientes administrativos de licencia de obra mayor del edificio de Juan XXIII y de infracción urbanística del mismo, además de un informe del técnico municipal.