C. R./R.L.

La Conselleria d'Obres Públiques del Govern balear ha logrado acuerdos finales de expropiación en un total de 118 fincas de la carretera de Sant Antoni y el aeropuerto por un valor de 3,5 millones de euros.

Esta cifra supone el 25 por ciento del total de propietarios, ya que estaban pendientes por arreglar los justiprecios de expropiación de 444 fincas de las dos vías. Ahora, la Conselleria d'Obres Públiques ha vuelto a citar a los propietarios que todavía no han cerrado el acuerdo los días 29 y 30 de octubre para ver si aceptan su propuesta monetaria.

«Ahora mismo hay mucha gente a la que ya se le hizo la propuesta y que se lo está pensando y es probable que en la próxima cita ya acepten», explicaron fuentes de la Conselleria, que indicaron que los propietarios pueden acudir en cualquier momento a la oficina de expropiados situada en la quinta planta del Consell. La Conselleria pondrá a disposición de los expropiados un equipo de asistentes técnicos y jurídicos para intentar alcanzar un acuerdo en relación a la valoración de los bienes afectados, así como para aclarar cualquier duda sobre los expedientes. Los interesados también pueden concertar una cita para cualquier otro día, en el teléfono de atención a los expropiados de las autovías (648 844 472) o enviando un correo electrónico a la dirección sofia.moreno@cief.es

444 afectados

Desde Obres Públiques informan también de que ya han avisado a los 444 propietarios afectados, aunque algunos todavía no han respondido.

Los acuerdos que ahora se cierran son los definitivos, ya que en un primer momento los afectados por los trazados de las vías sólo recibieron un depósito por la ocupación de su terreno. Este acuerdo final sólo se puede alcanzar una vez que las vías están terminadas para comprobar realmente cuánto terreno se les ha expropiado.

Tan sólo los afectados con una situación más problemática por haber perdido una casa o un negocio negociaron anticipadamente el acuerdo final de expropiación. El resto han tenido que esperar hasta ahora.

Los dueños de fincas que no estén satisfechos con la oferta del Govern pueden recurrir al Jurado Provincial de Expropiación.