La Fiscalía pide al Govern información sobre las expropiaciones a Matutes

C. ROIG La Fiscalía de Eivissa ya ha comenzado a investigar el presunto 'pelotazo' de seis millones de euros denunciado por la Plataforma Antiautopista y en el que estaría implicado el Grupo de Empresas Matutes. En concreto, se estudia por qué las fincas de Matutes expropiadas en la construcción de la carretera al aeropuerto fueron pagadas a precio de suelo urbano cuando estaban calificadas como rústicas, todo según la denuncia de los antiautopistas. El fiscal ya ha solicitado al juez que pida información al Govern sobre estas expropiaciones. En su denuncia, que fue presentada antes de las elecciones de mayo de 2007, la Plataforma sostiene que Fiesta Hotels (pertenciente a Empresas Matutes) tenía cuatro fincas calificadas como rústicas que fueron expropiadas debido a las obras de la autovía al aeropuerto. Sin embargo, el Govern, entonces en manos del Partido Popular, las valoró como si fueran urbanas, con lo que pagó por ellas 150 euros el metro cuadrado y no ocho. De esta forma, y según las cuentas de la Plataforma, la cantidad recibida por Matutes a través de las expropiaciones podría superar los 6,6 millones de euros. Después de que la denuncia fuese a parar a la Fiscalía Anticorrupción en Palma y fuera extraviada allí, la Fiscalía de Eivissa se hizo cargo del caso hace unos meses. Ahora, la causa ya se ha denunciado en los Juzgados, y el ministerio público ha solicitado que se requiera a la Conselleria d'Obres Públiques del Govern que remita toda la documentación de las expropiaciones de estas fincas. En ella debe constar a qué persona se hizo el pago y los criterios seguidos para la concreción del valor. Por otro lado, la Fiscalía solicita que se identifique al titular de las fincas y los que tengan algún derecho real sobre las mismas.

Hay que tener en cuenta que el Govern está ahora mismo inmerso en el proceso de valoración final de las expropiaciones, por lo que es posible que este dinero todavía no se haya pagado en su totalidad. La Plataforma pidió que se investigase un posible tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, información privilegiada y negociaciones prohibidas a funcionarios. Las diligencias se instruirán en el Juzgado de Instrucción nº 1, cuyo titular es Juan Carlos Torres. En su día, Empresas Matutes envió un comunicado en el que aseguraba que una de las fincas, la de Can Bonafè, no era rústica, ya que estaba integrada en el sector 1.18 de las Normas Subsidiarias de Sant Josep, el cual tenía un plan parcial aprobado inicialmente. Asimismo, consideraron «falso y absurdo» poderse lucrar con esta finca. La autovía al aeropuerto expropió cuatro fincas de Empresas Matutes a precio de suelo urbano. Empresas Matutes compró la finca Can Bonafé a precio de suelo rústico. Fue el 15 de abril de 2004. A finales de marzo se acabó de redactar el proyecto de autovía al aeropuerto, en el que se acabaría expropiando ese mismo terreno por un precio superior: 150 euros por m2. José Luis Ayguavives vendió el terreno a Empresas Matutes por 970.000 euros cuando ya se había redactado el proyecto de la carretera, pero antes de salir a exposición pública. El precio se fijó en 9,86 euros el m2, es decir, valor de suelo rústico. El Govern, sin embargo, lo consideró urbano, con lo que el precio de expropiación ascendía a 2 millones de . Según la Plataforma, la empresa de Matutes que realizó la compra es A. H. Doliga, que se convirtió luego en Fiesta Hotels y que tiene entre sus accionistas a Residencial Marina. En el momento de la compra, Stella Matutes ya era consellera y estaba en Residencial Marina como accionista. A principios de 2005 se aprueba el PTI, con voto favorable de Stella Matutes, y en el que ya se calificaba la finca como área de desarrollo urbano.