C. Roig19/10/08 0:00
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La Fiscalía ha solicitado nuevas pruebas y declaraciones dentro del caso Cretu, que investiga las responsabilidades penales que se puedan derivar de la licencia que otorgó el Ayuntamiento de Sant Antoni de forma ilegal al músico rumano.

Después de que la Audiencia Provincial obligara al titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos Torres, a reabrir el caso, el fiscal ha solicitado al juez que pida documentación al Ayuntamiento de Sant Antoni para conocer todos los trámites que se están realizando para derribar la mansión de Cretu, situada en la cima de un monte en Santa Agnès. La intención de Fiscalía es delimitar en cuánto excedió Cretu la licencia que le otorgó el Ayuntamiento, porque entiende que tendría que ser el propio Michel Cretu el que pague ese exceso de construcción, en el que estaría el estudio de grabación que edificó junto a la casa.

Por otro lado, ha solicitado una pericial para conocer el impacto sobre el medio ambiente que tuvo la construcción de una mansión de estas características en una zona protegida para comprobar si también pudo haber un posible delito contra el medio ambiente.

Asimismo, solicita la declaración como testigos de un periodista especializado en urbanismo, de la integrante del GEN Neus Prats y del miembro del Grupo Verde Pep Ribas, quien hace años fue concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Sant Antoni. Fiscalía ya había pedido hace tiempo estas testificales, pero no se llegaron a producir porque el juez Juan Carlos Torres decidió archivar el caso al no ver indicios de delito. Desde el ministerio público recuerdan que se trata de estudiar si los responsables políticos incurrieron en prevaricación al aprobar esta licencia.

Tanto el ex alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, como la ex regidora de Urbanismo, Blanca Castiella, declararon hace dos años como imputados ante el juez y dijeron que siempre se habían basado en informes técnicos para dar la licencia. Sin embargo, los tribunales han fallado en numerosas ocasiones la ilegalidad del permiso y, de hecho, el Ayuntamiento ya está realizando los trámites para derribar la mansión. Hace poco, el Consistorio aprobó 790.000 euros de este año, que se suman a otra partida de 200.000.