La defensa de Huerta recurre el auto de prisión porque no ve peligro de fugaFuga y destrucción de documentos

El abogado aduce asimismo en su recurso que el 'clan Huerta' no puede esconder pruebas porque ya se les ha intervenido toda la documentación y los ordenadores en la entrada y registro que hizo la Guardia Civil en sus domicilios y oficinas.

Delitos de escasa entidad

La defensa de los Huerta también ha recurrido el auto del juez en el que se ordenaba la entrada y registro porque consideran que no hay indicios suficientes para emprender una medida tan grave, ya que los delitos son de «escasa entidad». De hecho, el abogado considera que el único delito que puede ser realmente acreditado es la negociación prohibida para funcionarios públicos, que cuenta con una pena bastante reducida.

El magistrado ordenó la entrada de Huerta Briz en la cárcel por ser el presunto autor de delitos de malversación, prevaricación urbanística, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, blanqueo de dinero y falsedad documental. El fiscal le imputa además delitos contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.

Desde la defensa de Huerta tampoco aceptan el vídeo que hicieron los detectives contratados por el colegio de arquitectos en el que se ve al propio Huerta negociar con promotores proyectos en el municipio de Sant Josep, donde no podía trabajar por ley por ser el arquitecto municipal.

En el auto de ingreso en prisión también se ordenó la congelación de todas las cuentas bancarias de la familia Huerta para proceder al embargo de bienes suficientes para cubrir una posible responsabilidad civil de quince millones. Esta cantidad corresponde a los movimientos bancarios que han registrado la decena de sociedades de la familia en los últimos años. Los abogados de Huerta también han recurrido este embargo, que tuvo unos ciertos problemas técnicos porque los nombres de los bienes no están a nombre de las personas, sino de las diferentes sociedades.

De todas formas, en ese auto en el que se decretó el embargo de bienes no se actuó contra todas sus sociedades, sino sólo contra las principales: AH Arquitectos, Arkimer, Arkirent, Ses Serres, Keltike, etc.

Las investigaciones que se han hecho en los últimos meses se han centrado en estudiar los movimientos entre las diferentes empresas que tenían Antonio Huerta Briz; su mujer Rosario Chamorro; el hijo de éstos, Antonio Huerta Chamorro, y su mujer, la también arquitecta Pilar Fernández.

La investigación ahora se encaminará al entorno de arquitectos que podrían haber trabajado con Huerta y a los responsables políticos que le dieron cobertura. De hecho, no se descarta investigar a otros funcionarios del Ayuntamiento o al propio ex alcalde, José Serra Escandell, que siempre ha asegurado que desconocía las actividades de Huerta porque trabajaban en pisos diferentes.

Al contrario de lo que argumenta la defensa de Huerta, el fiscal sí cree que hay riesgo de fuga por parte del ex arquitecto municipal de Sant Josep, porque considera que la ley no sólo tiene en cuenta el arraigo que pueda tener una persona en su lugar de residencia, sino también las posibles penas de prisión a las que le pueden condenar. Por eso, considera que la naturaleza de los delitos es suficientemente importante como para que Huerta continúe en la cárcel.

En cuanto al riesgo de destrucción de pruebas, Fiscalía considera que todavía existe, porque aún no se sabe si el material que intervino la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sant Josep o en los domicilios de los Huerta pueden arrojar nuevas pruebas o imputaciones. Por eso, el ministerio público entiende que se podrían adulterar pruebas o testimonios.