Sant Josep pedirá instrucciones al juez para ver qué obras de Huerta hay que revisar y derribar

El problema con el que se encuentra actualmente el Consistorio es con que no se pueden estudiar los expedientes porque muchos se los llevó la Guardia Civil durante el registro. «No podemos ordenar la paralización de edificios si no estudiamos antes el expediente y ahora mismo no podemos comprobarlo porque no los tenemos», explicó el concejal de Urbanisme, Josep Antoni Prats, que recuerda que algunas obras ya se estudiaron en su día y se pararon. «No teníamos ni posibilidades ni indicios para presuponer que todo se había hecho mal».

Actualmente el Consistorio está analizando alguna de las licencias que se otorgaron en la zona de Cala Carbó.

Evitar indemnizaciones

Prats asegura que si se han personado en el caso Huerta es precisamente para evitar las indemnizaciones que se puedan generar si en algún momento se tiene que derribar alguna obra y para que ésta sea asumida por completo por los culpables de esa ilegalidad. «Ahora lo único que intentamos hacer es volver a la normalidad, porque se nos han acumulado muchos expedientes», añadió.

Por otro lado, desde el GEN recordaron ayer al Ayuntamiento de Sant Josep que tiene que cumplir la ley y ejecutar los derribos que se le pidan desde el Juzgado. «Estos edificios ilegales no pueden seguir dando dinero, porque hay apartamentos que se están vendiendo por 850.000 euros», añadieron.

Pese a que el juez quería decretar desde el principio el embargo de todos los bienes de la familia Huerta hubo ciertos problemas técnicos para hacerlo, por lo que no se pudo desde un primer momento. En el auto de entrada y registro se calculaba que el 'clan Huerta' habría tenido ganancias de hasta 15 millones de euros durante los años en los que Antonio Huerta Briz fue arquitecto municipal en Sant Josep, unas cifras que se escapan por completo del sueldo normal que podría haber ganado como funcionario.

El grupo ecologista GEN ya había pedido hace años que se embargasen todos los bienes. «En Sant Josep todos los proyectos pasaban por él pese a que había otros arquitectos que firmaban», explican desde los ecologistas. Entre los propios arquitectos también explican que en Sant Josep no se podía trabajar a no ser que se tratase con Huerta. De hecho, pequeños particulares de Sant Josep explican que era imposible conseguir una licencia en el municipio si uno no contrataba sus servicios como arquitecto. Hubo gente que esperó seis años un permiso. Muchos decidieron continuar adelante sin licencia.

Ante el juez incluso han declarado arquitectos que aseguran que hubo personas a las que se les indicó que si no pasaban por el despacho de Huerta no podrían edificar su casa.

El edificio que proyectó la nuera de Huerta en Cala Carbó superó en mucho la edificabilidad permitida. Se podían hacer seis viviendas, pero se consiguió licencia para construir 14 aprtamentos, ocho dúplex, tres estudios y una piscina. Pese a que estaban permitidas tres plantas se hicieron cuatro.

Y todo ello teniendo en cuenta que había un informe previo del aparejador municipal Julio Blanco que advertía de que primero había que hacer un proyecto de urbanización. De hecho, este edificio actualmente no cuenta ni con cédula de habitabilidad. Desde el GEN sospechan que todo lo que se está haciendo en Cala Carbó parte de una base irregular.