La Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera ha dirigido un escrito a la Conselleria de Comercio del Govern balear, para que le certifique los pasos y decisiones adoptados, «si es que ha habido alguno» tras la notificación del dictamen del Consell Consultiu de las Islas Baleares, que establecía que la tasación de la sede de Palma no se ajustaba a lo establecido por la Ley, por la que se regula la liquidación patrimonial de las Cámaras.Una solicitud emitida por la entidad, que considera «intolerable» que por parte de la Conselleria no se haya adoptado «a fecha de hoy» ninguna resolución respecto al tema de la liquidación patrimonial.
La Cámara de Eivissa y Formentera estudia por esta causa la posibilidad de exigir responsabilidades penales «si no se produce de inmediato una respuesta por parte de la conselleria ajustada a lo ordenado por el Consell Consultiu y a los legítimos derechos de esta Cámara». Fuentes de la Cámara manifestaron su profundo malestar al respecto al considerar que esta situación contradice las palabras de la propia consellera de Comercio, Francesa Vives, quien se comprometió personalmente el pasado 29 de agosto de 2007 a dictar la orden de Liquidación del Patrimonio «y no ha hecho nada al respecto un año después».
Por todo ello la Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera lamentó ayer la falta de competencia de los funcionarios de la conselleria en la tramitación del expediente, ya que «era una verdad a gritos, que las tasaciones eran ilegales, y que además se habían producido irregularidades en la Consejería de Comerç», tal y como se deduce de las declaraciones de responsables políticos en el marco de las investigaciones referentes a la Operación 'Scala'. Fuentes de la Cámara lamentaron no sólo que desde un principio «sospechamos del favoritismo del anterior equipo de gobierno con la Cámara de Mallorca, sino que ahora, que afloran irregularidades, el actual sigue sin atreverse a actuar», matizaron.
La Cámara de Comercio recordó al Govern «que está sujeto a su palabra de acatar el dictamen del Consell Consultiu» tras determinarse la ilegalidad de la tasación efectuada por la Conselleria de Patrimoni, y agregó «que en ningún momento se ha objetado por nadie ni invalidado» la tasación efectuada por la Universidad Politécnica de Madrid, que cifraba el valor del inmueble en 14,3 millones de euros. Por lo tanto, agrega, la conselleria "tiene una solución obligada", acatar el dictamen del Consell Consultiu y resolver a favor del único informe válido de tasación que obra en expediente, «guste o no a la Cámara de Mallorca».
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