La familia Huerta declara ante el juez por presunta corrupción urbanística

El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, tomó ayer declaración al ex arquitecto municipal de Sant Josep A.H.B.; a su esposa, R.C.; al hijo de ambos, el también arquitecto A.H.C.; y a la esposa de éste último, P.F., también profesional de la arquitectura, a quienes la Guardia Civil condujo ayer por la tarde a los juzgados para declarar. Sin embargo, por falta de tiempo, las comparecencias se realizarán hoy a mediodía y será entonces cuando los sospechosos conozcan su destino. No obstante, fuentes judiciales señalaron que todo indicaba que los sospechosos serían enviados a prisión provisional. Todos menos R.C., que está en libertad con cargos, durmieron anoche de nuevo en el cuartelillo de la Guardia Civil en Sant Antoni.

La primera en declarar fue Fernández, a quien el juez interrogó durante unas tres horas. Después, pasadas ya las nueve de la noche, le tocó el turno a su esposo. Su madre, R.C., la mujer del ex arquitecto municipal, también acudió a los juzgados para declarar, pese a que la Guardia Civil la había puesto en libertad la noche del martes tras ser detenida junto a su marido y prestar declaración en el puesto de Sant Antoni. Las comparecencias de ayer por la noche se alargaron durante horas y los funcionarios tuvieron que ir a por bocadillos.

Este grupo familiar es sospechoso de formar una trama de presunta corrupción urbanística en la que se entrelazan supuestos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de dinero, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, negociación prohibida para funcionarios y delitos contra la ordenación del territorio.

A.H.B. y R.C. fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil de Sant Antoni después de que ambos llegaran el martes por la noche a la isla procedentes de Argentina. Sobre ellos pesaba una orden de detención que fue cumplida por los agentes en el mismo aeropuerto. Aunque los registros en las viviendas y despachos profesionales de la familia se dieron por terminados el miércoles, ayer aún permanecían en Eivissa los agentes de la Guardia Civil llegados desde Mallorca para desarrollar la operación.

En el último año y medio y, a instancias de la Fiscalía de Eivissa, se ha llevado a cabo una intensa investigación económica sobre las relaciones del entramado de empresas de los Huerta, que cuentan con sociedades como Keltike SL, Arkimer SA y AH Arquitectos SL. La Fiscalía llevaba mucho tiempo investigando esta presunta trama. A Huerta se le acusa de informar favorablemente urbanizaciones que incumplían la legalidad desde su puesto como arquitecto municipal y de ser responsable de esos mismos proyectos utilizando la firma de una red de arquitectos, algunos residentes en Madrid, Barcelona o Palma, o el de su propia nuera, P.F.

Para estudiar los aspectos fiscales del caso del arquitecto A.H.B. y su familia la Agencia Tributaria ha destinado a tiempo completo a cinco funcionarios de la Brigada de Blanqueo de Capitales durante los últimos cuatro meses previos a la detención. El trabajo se ha desarrollado íntegramente en Mallorca, informaron ayer fuentes conocedoras del caso. No obstante, las sospechas fundadas sobre la actuación de este ex arquitecto municipal son muy anteriores.

Aunque la investigación no se puede dar por cerrada y tanto la Policía Judicial de la Guardia Civil como los especialistas en blanqueo de capitales de la Agencia Tributaria continúan a disposición de los que pueda precisar el juez Pablo Mendoza, por el momento no se han encontrado pruebas de que Antonio Huerta o alguno de sus allegados hayan evadido capitales al extranjero ni tampoco que tengan cuentas en los paraísos fiscales más típicos.