C. Roig08/10/08 0:00
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Desde el grupo ecologista GEN aseguraron ayer que las prácticas presuntamente ilegales de Antonio Huerta afectan a miles de licencias y a la práctica totalidad de las urbanizaciones de Sant Josep. «No se podrá investigar todo, porque por ahora sólo se ha mirado una ínfima parte de los proyectos, alrededor de 160», explicó una de las dirigentes del GEN, Neus Prats, que indicó que Huerta contaba con una «red mafiosa» de arquitectos de Madrid y Barcelona que firmaban sus proyectos porque él por ley no podía trabajar en el municipio de Sant Josep al ser técnico del Ayuntamiento. Más tarde utilizó la firma de su nuera, la también arquitecta Pilar Fernández.

De hecho, el colegio de arquitectos se interesó por lo que ocurría en Sant Josep cuando vio que sus asociados no redactaban ni un sólo proyecto en este municipio. Algunos incluso veían como sus clientes les decían que si el proyecto no lo hacía Huerta no podían conseguir licencia.

Las actuaciones presuntamente corruptas del ex arquitecto municipal comenzaron a investigarse judicialmente en 2005 a raíz de una denuncia del GEN sobre una urbanización de Cala Carbó. Los ecologistas criticaban que esta obra, informada favorablemente por Huerta, incumplía la edificabilidad máxima para contar con vistas a es Vedrà. El proyecto lo firmaba la nuera de Huerta, Pilar Fernández, quien luego instaló su domicilio allí y la sede social de su empresa, Keltike SL, en uno de los apartamentos, que tienen un precio de venta que ronda los 800.000 euros. Parece ser que era práctica habitual que Huerta o su familia se quedaran alguno de los apartamentos de los que hacían proyectos.

A esto se unió la denuncia sobre otra edificación en Cala Molí (12 apartamentos y 16 estudios con 15 piscinas) en zona protegida ANEI y LIC, que fue a parar al Juzgado de Instrucción número 3 y que actualmente está paralizada.

Según explicó ayer Prats, fue «muy complicado» conseguir todas las pruebas para lograr imputar a Huerta porque desde el Ayuntamiento no cumplían con su deber de facilitar información y expedientes.

Prats lamenta que Huerta ha tenido mucho tiempo para destruir documentos, ya que han pasado tres años desde la primera denuncia. «Después de presentar su renuncia e incluso después de las elecciones sacó cajas y cajas de papeles ante la mirada de los funcionarios», explicó la ecologista, que indicó que también ha introducido documentos en los que pone que su nuera renunciaba a hacer determinadas obras informadas por él. «¿Es normal hacer un registro tres años después de denunciar?, esto es una vergüenza», se quejó Prats, que indicó que en este lapso de tiempo el ex arquitecto municipal ha puesto a la venta numerosas propiedades y debe tener el dinero en paraísos fiscales.

El GEN denunció ayer que la segunda fase de la urbanización de Cala Carbó «ilegal» en la que Huerta autorizó una edificabilidad superior a la permitida continúa construyéndose. «Resulta curiosísimo porque hemos reiterado recientemente ante el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell que paralicen estas obras y no lo han hecho», explicó la ecologista, que recordó que el proyecto lo redactó la nuera de Antonio Huerta y obtuvo informe favorable de su propio suegro.

La ecologista reconoció que «en la calle» todo el mundo conocía los tejemanejes de Huerta, aunque fue muy complicado conseguir pruebas contra él. «La edificabilidad crecía milagrosamente en los proyectos que informaba, que eran todos en el municipio, esta situación es más grave que la de Andratx y la de Marbella». Prats reclamó que para que realmente haya justicia se derribe todo lo que se ha hecho ilegalmente y que sigue generando negocio a la familia Huerta. La ecologista considera que el dinero que ha ganado el ex arquitecto municipal es «incalculable» porque además queda por investigar la «trama de las licencias antiguas», a través de la cual se revivían permisos que ya deberían estar caducados.