La sala del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Palma de Mallorca decidió levantar la suspensión cautelar solicitada por el DC-10 con el fin de evitar su cierre por el término de un año, así como una sanción económica de 300.000 euros.
Según informó ayer el Consistorio, tras esta decisión judicial, el Ayuntamiento procederá a hacer efectivo el acuerdo adoptado el pasado 12 de septiembre por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en el que hizo definitiva la resolución de un expediente sancionador iniciado en el verano del 2007 en el que se daba por probadas las infracciones de la capacidad de aforo de la sala, que sólo puede albergar a 65 personas, de licencia de actividad. La administración local resolvió entonces que dichas irregularidades debían sancionarse con una multa de 300.000 euros y el cierre del establecimiento durante un año; medida que tras la decisión adoptada por el Juzgado se harán efectivas en los próximos días.
En su auto, el Juez pone en la balanza «el interés general de la preservación de la seguridad en cuanto al aforo y los intereses económicos de las personas que padecen la sanción impuesta». En este sentido, resuelve que en esta pugna de intereses «prevalecen los intereses generales por encima de los particulares».
El argumento del DC-10 para presentar esta suspensión apuntaba a que la medida adoptada por el Consistorio podía aplicarse de forma inmediata y que el tribunal aún no había escuchado sus argumentos. Por otra parte, la propiedad aún puede recurrir esta decisión al Contencioso del Tribunal de Justicia en los próximos 15 días.
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