El Partido Popular anunció ayer que la semana próxima reclamará en el Parlament y en el Congreso que el Ministerio de Justicia destine a Eivissa un laboratorio móvil que permita analizar con celeridad las presuntas drogas capturadas a acusados de narcotráfico.

Su objetivo es evitar que «un proceso, que puede alargarse durante meses, provoque dilaciones innecesarias en numerosos procesos judiciales y ha obligado, en diversas, ocasiones, a poner en libertad a supuestos narcotraficantes por expirar el tiempo máximo que podían permanecer en la cárcel de forma provisional», según recoge la proposición no de Ley que se presentará en la Cámara Baja. «La falta de este laboratorio provoca un riesgo muy elevado dado que las personas que son puestas en libertad, si efectivamente son traficantes, pueden reincidir», denunció el diputado autonómico Miquel Jerez. El encargado de presentar esta propuesta en el Parlament aseguró que esta situación «nos pone los pelos de punta».

Actualmente las muestras deben ser enviadas a Mallorca a través de un funcionario que debe desplazarse hasta allí y que las entrega al Àrea de Salud de la Delegación del Gobierno. Mientras no llegue el equipo de análisis a Eivissa, el PP reclama que se inste al departamento encargado a que «todas las analíticas relacionadas con procedimientos judiciales sean aceleradas». Los populares dan como plazo para la llegada del laboratorio seis meses.

Por su parte, el diputado nacional Enrique Fajarnés anunció que el martes comparecerá en el Congreso el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que su partido le interpelará sobre los casos de drogas registrados en la Isla este verano «y le pediremos responsabilidades».

El juez decano de Eivissa, Juan Carlos Torres, solicitó a principios de septiembre al Tribunal Superior de Justicia de Balears que se dotara a la Isla con el equipamiento preciso para realizar los análisis para evitar la excarcelación de supuestos traficantes en prisión preventiva. El último de estos casos se dio hace 15 días cuando se liberó a una mujer detenida en sa Penya por vender una sustancia que se sospecha que es cocaína pero cuya naturaleza no se ha podido determinar.