Redacción Local27/09/08 0:00
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El próximo martes, en la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma, se decidirá el futuro inmediato del local DC-10 de Sant Jordi.

El tribunal ha decidido aceptar la petición de los dueños de la sala de suspender de forma cautelar la orden de cierre dictada por el Ayuntamiento de Sant Josep.

El argumento de la propiedad de la discoteca era que la medida adoptada por el consistorio podía aplicarse de forma inmediata a pesar de estar recurrida y, hasta ahora, el tribunal no había tenido la oportunidad de escuchar los argumentos que presentaban para calificar dicha resolución como no ajustada a derecho.

La Junta de Gobierno de Sant Josep del 12 de septiembre elevó a definitiva la resolución de un expediente sancionador iniciado en el verano de 2007 en el que se daba por probada la infracción del aforo de la sala (legalmente unas 65 personas) y de la licencia de actividad.

La Administración local resolvió que dichas irregularidades debían ser sancionadas con la imposición de 300.000 euros de multa y el cierre del establecimiento por un año.