Los técnicos del Ayuntamiento de Vila ya están trabajando en la primera redacción del borrador de convenio que permitirá la construcción de la nueva sede judicial ibicenca en sa Graduada. Así lo aseguró la alcaldesa, Lurdes Costa, durante el pleno municipal. «Se está trabajando en el borrador que plasmará cómo quedarán los terrenos afectados por 'Eivissa Centre'. Estamos hablando con los ministerios de Justicia y de Administraciones Públicas», aseguró la primer edil.
«Parece que finalmente se podrá acabar la propuesta de reforma del centro de Vila incluyendo con la dirección insular y los juzgados dentro. El documento significa la permuta de varios solares de forma que sa Graduada acogerá los juzgados, también habrá un cambio en el solar de la antigua Dirección Insular y el Ayuntamiento se quedará con el actual edificio judicial», añadió.
Respecto al desplazamiento de algunos negociados judiciales fuera de la sede de Isidor Macabich de forma temporal, Costa aseguró que «el Ayuntamiento siempre ha prestado ayuda cuando ha podido, pero en este caso, nunca ofreciendo locales porque tampoco disponemos de tantos».
La alcaldesa reconoció que el edificio Cetis, que incluirá la estación de autobuses y la Policía Local, podría ser una opción. «La construcción de una nueva oficina del SOIB dejará libre el local de Isidor Macabich, aunque es Justicia quien debe buscar la ubicación», concluyó.
Limpieza y contrataciones
La cuestión de los juzgados llegó en la última parte del pleno, la dedicada a los ruegos y preguntas. Con anterioridad, la sesión había incluido la discusión de una moción del PP para rescindir la contrata de basuras. El concejal Juan Manuel Rubio, reconoció que «no se están prestando algunos servicios de la contrata pero es porque se hace para destinar los recursos a cuestiones prioritarias» y aseguró que «no se está dejando sin servicio a ningún barrio». El edil reconoció que «hacen falta más medios e inversión» y aseguró que «ya se está trabajando en un nuevo sistema que pueda traducirse en un nuevo pliego de condiciones».
Por otro lado, una propuesta de los controles de contratación del PP también fue rechazada. Los populares pedían solicitar a la Sindicatura de Comptes que examinara las cuentas del Ayuntamiento, así como obligar a que cualquier contrato con un particular que facture más de 12.000 euros al año con el Consistorio deba salir a concurso. Santiago Pizarro negó las irregularidades, defendió que hay un control exhaustivo y pidió al PP que denuncie ante los tribunales cualquier ilegalidad.
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